Disclaimer: The views and opinions expressed here do not necessarily reflect the views of my employer the Space Telescope Science Institute.

 

Carta a Mariano Rajoy sobre la ciencia en Espana

Amaya Moro-Martín - El País

Querido Mariano:

Disculpe que me vuelva a poner en contacto con usted por esta vía. Le envié esta misiva a la Presidencia, pero me la devolvieron por estar ausente. Quería agradecerle que, tras cuatro años de diligente negligencia por la ciencia, por fin nos haya regalado una Agencia. La ciencia, esa palabra que tanto aparece en su Gabinete como parte de la palabra paciencia, por fin contará con una flamante Agencia Estatal de Investigación que pueda distribuir sus miserias. Sé que usted es un hombre de estado, tranquilo, y un estratega… del dominó, por eso no le culpo de que, teniendo que atender a tantos partidos, no se haya percatado de que los 12.000 investigadores que España ha perdido desde 2010 poco tuvieron que ver con la falta de dicha Agencia. Déjeme hacer aquí un paréntesis para ayudarle asimilar esta cifra. Alinee 12.000 piezas de dominó, una junto a otra, apoyadas sobre su canto. Sí, lo se, le supondrá mucho esfuerzo, pero también se lo supuso al Estado formarlos. Cuando haya terminado tan arduo proceso, propine sin pensarlo dos veces un golpecito a la primera pieza. Esos golpecitos son los que, año tras año en cada una de sus partidas, las presupuestarias, han caracterizado su política científica.

El resto de las piezas todavía no han caído, pero se tambalean, incluso las mejor cimentadas, como lo demuestra el descabezamiento de algunos sus centros de investigación de excelencia. Lo que el sistema científico español necesita no es una nueva Agencia, sino medidas de mayor calado. Se que tiene muy presentes algunas de estas medidas. Su Gobierno las recibió con interés hace un par de años en una carta acompañada de 80.000 firmas, una carta que, tras la mayor manifestación de investigadores en la historia de España, gentilmente nos invitaron a pegar con cinta adhesiva a las puertas de un Ministerio de Economía y Competitividad cerrado a cal y canto. Permítame en cualquier caso recordárselas.

Lo que el sistema científico español necesita es un incremento significativo del gasto de I+D civil, rebajado en un 42% desde 2009, un Black Friday que ha dejado al país relegado a los últimos puestos europeos en términos de inversión en I+D como porcentaje del PIB. Lo que necesita es un presupuesto plurianual real, como el del European Research Council, muy diferente de la falsa plurianualidad con la que se ha anunciado la nueva Agencia. Lo que necesita es un incremento del presupuesto para proyectos de investigación, la savia de sistema, que ha sufrido un recorte de un 41% desde 2009. Lo que necesita es un compromiso serio para respetar los plazos de las convocatorias de financiación y de recursos humanos, que en los últimos años han sufrido retrasos sistemáticos de hasta de un año, creando desconcierto e incertidumbre en la comunidad científica. Lo que necesita es librarse de esa enorme burocracia que lastra todos los procesos administrativos relacionados con la investigación (de contratación, de abastecimiento), que han causado pérdidas en sus escasos fondos nacionales y europeos. Lo que necesita es un Pacto de Estado que permita planificar a medio y largo plazo sus recursos humanos y financieros, con independencia de ciclos políticos, como se trató de hacer con ese Pacto Parlamentario por la Ciencia, que en Diciembre del 2013 firmaron todos los partidos políticos con representación parlamentaria menos el suyo.

Lo que el sistema científico español necesita no es vanagloriarse de la “ciencia española” que se hace en el extranjero, sino medidas para aumentar sus recursos humanos, porque el porcentaje de la población activa dedicado a I+D en este país está por debajo de la media de la UE-27 y muy lejos de los motores económicos europeos. Lo que necesita son medidas urgentes para rejuvenecer sus plantillas en centros de investigación y universidades, que cada vez se parecen más a los centros de jubilados desde donde usted sigue los debates electorales mientras juega sus partidas; allí pronto podrá saludar a la mitad de los investigadores del CSIC, que se habrán jubilado en un periodo de 5 años. Lo que necesita es un programa serio de incorporación de investigadores al sistema, que le devuelva la credibilidad que ha perdido por el incumplimiento sistemático su programa estrella Ramón y Cajal, tan olvidado como el gran legado del científico que le da nombre. Lo que necesita son medidas para incrementar la movilidad de los investigadores en centros de investigación y universidades y para combatir su endogamia. Lo que necesita es librarse de esas trabas administrativas, desconocidas en los países de nuestro entorno, que hacen casi imposible la contratación de investigadores formados fuera de nuestras fronteras y que tanto pueden enriquecer el sistema.

Lo que el sistema científico español necesita es que el Gobierno deje de hacer política científica haciendo oídos sordos a las llamadas de auxilio de la comunidad investigadora. Lo que necesita es la creación de un Consejo Científico de peso, con independencia política y mayoritariamente constituido por investigadores elegidos por la propia comunidad, un consejo asesor que juegue un papel central en la política científica del país. Lo que necesita es perder los complejos y librarse de los 17+1 sistemas de investigación que impiden optimizar la inversión pública en I+D. Lo que necesita es que el Gobierno tenga criterio propio para la elaboración de estrategias consensuadas con la comunidad científica que, en vez de seguir ciegamente la directiva europea impuesta por el programa Horizonte 2020, tengan en cuenta las peculiaridades de nuestro sistema, tanto para reconsiderar la eficiencia de las políticas de excelencia, como para alcanzar un equilibrio entre la investigación competitiva “bottom-up”, que permita mantener la diversidad del tejido científico, y la investigación orientada “top-down”, que permita afrontar retos científicos concretos de interés nacional. Lo que necesita es el aumento de la capacidad de autogestión de sus centros de investigación, para que sus planes estratégicos no sean papel mojado, acompañado de un aumento la trasparencia y reedición de cuentas de sus órganos de gobierno. Finalmente, lo que necesita es la elaboración de una ley de mecenazgo, que permita la financiación privada de universidades e instituciones de investigación.

Es un detalle por su parte esto de la nueva Agencia. Esta era, sin lugar a dudas, una de nuestras reivindicaciones, pero poco podrá hacer en la inmensidad de un desierto desolado, más allá de escuchar el eco de sus propios lamentos. Lo que el sistema español de ciencia necesita, Mariano, no es recibir cartas oficiales con un nuevo membrete (asumiendo que esta Agencia, creada a presupuesto cero, pueda permitírselo), sino medidas que pongan al sistema de I+D al nivel del potencial económico del país. Se que está reflexionando en estos temas, lo lleva haciendo, en silencio, durante cuatro años.

Desde el exilio científico, desde donde no tendré oportunidad de votarle para que siga reflexionando, le envío un cordial saludo.

Una investigadora.

 
 

An open letter to the Spanish PM from an émigré researcher

Amaya Moro-Martín - The Guardian

Dear Mariano,

I apologise for writing you another open letter. I did try to write to you at your office but that letter was returned undelivered (addressee absent).

I just wanted to express my gratitude that, after four years of careful negligence, we have finally been gifted with a State Research Agency. Ciencia (science), a word spoken so commonly in your Cabinet as part of the word paciencia (patience), will finally get a brand new agency to distribute its miseries. I don’t blame you for not realising that the loss of 12,000 researchers that the country has suffered since 2010 has had little to do with the lack of such an agency. I know you like dominoes, so let’s use them to help you assimilate this figure: stand 12,000 of them, side by side, on their edge. Yes, I know, it will take time and effort - just as it took the State time and effort to train 12,000 researchers in the first place. After this arduous process, go ahead and hit the first piece. Such a hit, but inflicted year after year, is characteristic of your government’s science policy.

Not all the pieces may yet have fallen but even the most strongly grounded ones are staggering, as evidenced by the decapitation of some of your leading centres of excellence. What the Spanish scientific system needs right now is not just an agency, but a whole range of actions. I know you’ll recall the actions to which I refer - we outlined them a couple of years ago in a letter signed by 80,000 people, which, following the largest demonstration of researchers in Spanish history, we were graciously allowed to tape to the locked gates of the Ministry of Economy and Competitiveness, where science has languished during your period of office. In any case, let me remind you of some of these measures.

What Spanish science needs is a significant increase in civil R&D spending, slashed by 42% since 2009, leaving the country relegated to the bottom of the EU league table of R&D investment as percentage of GDP. Spanish science needs a real multi-annual budget, like that of the European Research Council, not the bogus multi-annuality promised for the new Agency. It needs an increase in the budget for research grants, the life-blood of the system, which has suffered a 41% cut since 2009. It needs a serious commitment to respect the deadlines of calls for funding, training and fellowship programmes, which in recent years have suffered systematic delays of up to one year, creating confusion and uncertainty in the scientific community. It needs to be rid of the huge bureaucracy that hampers all administrative processes related to research (such as recruitment and procurement), and which wastes significant amounts of scarce national and European funds. It needs a State Treaty that allows medium- and long-term planning of R&D human and financial resources, freeing them from the mood swings of political cycles; this was the goal of the Parliamentary Agreement for Science, that in December 2013 was signed by all political parties with parliamentary representation except for yours.

Spanish science needs a government that, instead of bragging about the “Spanish science” done abroad by our scientists in exile, stops denying the evident brain drain and takes action to strengthen R&D human resources, because the percentage of the workforce dedicated to research activities in Spain is well below the average of the EU-27 and a long way behind Europe’s leading economies. It needs urgent measures to rejuvenate the workforce in research centres and universities, which increasingly look more like daycare centres for the elderly, with half of all Spanish National Research Council (CSIC) researchers due to retire over the next 5 years. It needs effective measures to combat inbreeding and increase the mobility of researchers, and needs rid of all the irrational and ancient administrative obstacles, unheard of in other countries, which make it almost impossible to recruit researchers trained abroad.

What Spanish science needs is not a government that turns a deaf ear towards the research community but rather one that puts in place a politically independent high-level advisory council for science, with a significant proportion of members elected by the research community. It needs a government that abandons the idea of sustaining an absurdly inefficient 17+1 different research systems (those of the 17 Autonomous Communities plus that of the State). It needs a government that doesn’t just rely on research policy made in Brussels but considers the impact of “excellence” driven policies and aims for a better balance between “bottom-up” competitive research, to foster diversity, and ”top-down” oriented research to address specific scientific challenges of national interest. It needs a government that legislates to increase the autonomy of research centres, so that they can plan strategically, be more transparent and accountable, and gain access to private funding.

It was a touching gesture on your part to create the State Research Agency in the final days of your term. This was, after all, one of our demands. But what can it do in the current climate? The Spanish science system needs, not simply a new letterhead (assuming that the agency, created with zero budget, can afford it), but effective measures to place the Spanish R&D system at the level of the country’s economic potential. I know you will be reflecting hard on these issues just as you have been doing, silently, these last four years.

Unfortunately, as an emigrant scientist, I will not have the opportunity to extend your reflections by voting for you on Sunday (and neither, due to recent legislation, will 94% of the 1.87 million Spanish emigrants entitled to vote). But please, allow me at least to send you, from my scientific exile, my best regards.

Yours,

A researcher.

 
 

Bitterness cannot be avoided, but should not turn into rejection

Amaya Moro-Martín - Euroscientist

Amaya Moro Martín reacts to the FCT head resignation a couple of weeks ago and the recent death of former Portuguese science minister José Mariano Gago. She places this crisis in European research into the wider Southern European research context. She shares her unease about the collective apathy surrounding such austerity measures against research. She believes, if we don't plant the seeds of research and innovation now, we are unlikely to reap the benefits at all.

Dear Editor

In his recent article Carlos Fiolhais described the dire state of the research system in Portugal. He finished his article with a reflection regarding European science policy. In this piece I would like to pick it up from his concluding remarks because the situation in Portugal is indeed just another chapter of the R&D Southern European tragedy.

The other chapters are Italy (since 2009, suffering a 90% cut in recruitment, a 100% cut in basic research grants, and the disappearance of 40% of doctoral courses); Spain (from 2009, experiencing a 40% cut in basic research grants, the disappearance of 90% of the permanent positions left open due to retirement, and the systematic breach of tenure track contracts); and Greece (since 2011, subject to a 50% cut in funding of research centres and universities, and a 100% cut in new hiring).

But the Portuguese chapter described in Carlos Fiolhais’s article is particularly dramatic, given that 50% of the country’s research units might be facing closure. Let me repeat that: half of the research units of an entire country, at both research centres and universities, might be facing closure. We are talking about a country with a relatively young research system. We are talking about wide-spread closures that will undoubtedly cripple all the research-based activities of an entire country for decades to come. And what reaction did this move trigger? Mostly silence. Where is the outcry from the international scientific community regarding the Portuguese research review process and our Portuguese colleagues’ plea for survival? Where is the reaction from European institutions to protect a sector so important for the sustainable development of a country that had to be rescued during the economic crisis?

In this context, the sudden death of José Mariano Gago, late last week, has been the latest slap in the face and an extremely surreal one. He, who since the late 1980’s, has been fighting so hard to establish a research system in Portugal, first as President of the Portuguese Funding Agency for research and then as Minister of Science. He, who since the early 2000’s, has played a key role in European science policy under many different guises, including as one of the masterminds of the Lisbon Strategy.

He is now dead. Literally dying while trying to save what he helped so much to create: the Portuguese research system. Literally dying, while, using his own words, “submerged by evaluators’ repetitive questions to my lab”. Literally dying, while encouraging debate regarding the impact of the austerity measures on the increasing European research divide.

And still he had hope.

One of the latest debates he chaired on whether science is contributing to the division of Europe was a high-profile session at ESOF2014 in Copenhagen. In an email to the panellists, he told us: “In my view, which I hope you may share, results were very encouraging. Speakers and participants tried to converge in finding a common ground, and we all agreed that we are facing a difficult and complex situation, irreducible to a schematic description or simplistic “solutions."" His dead is a huge loss in this context.

We needed him more than ever because of his unique combination of a conciliatory personality, intellectual and political sharpness as well as extensive science policy experience at the national and European level. And also because he was very much down-to-Earth—or, might I say, down-to-lab—having an intimate knowledge of the impact of the austerity measures on everyday research activities. All those aspects made him a unique bridge between science policy makers and science makers.

I do worry myself about my own schematic description because, indeed, my perception is that the chapters of the R&D Southern European tragedy have a storyline in common. We are all aware of the studies that show that increased R&D investment is related to the growth of the GDP. But it has also been shown that it is related to increased democratic transparency.

To me it makes perfect sense: a political leader that advocates for R&D is investing in the future of the country with a statesman vision, as opposed the short-sighted approach—wide-spread in some countries—favouring investments focused on short-term political gain or those that benefits certain interest groups. I feel researcher in the North and the South, as all educated citizens, should protest loud and clear against this policy.

But ours is an uphill battle because research does not follow political cycles and there are other interests at play that have little to do with the long-term social welfare of the European citizens. I do not know if José Mariano would have shared my view, but I am certain that his portrait of the situation would have contained an infinitely richer set of hues that we can no longer benefit from.

As myself, he was also appalled by the silence. In his own words, he questioned “why it appears to have not been possible, so far, to mobilise [more] people throughout the political spectrum and society, at least at the level that would be required?” My own view is that the increasing research divide is neither good for the South, nor for the North, because it will result in a deficit in technology, innovation and discovery Europe-wide that José Mariano was so worried about. This should be an encouragement for European institutions to provide the necessary measures to make sure that Southern European countries also achieve a knowledge-based society.

Given how much more convergence the EU has on other fronts, and the critical role R&D plays in establishing less vulnerable economies, it is truly astounding that these measures has not already been taken. These measures should urgently address the brain drain because scientists leaving research activities—due to the lack of an innovation private sector in Southern European countries able to employ them—is an extremely bad investment strategy for science Europe-wide because it implies the permanent loss of valuable scientific skill; in Spain alone, my home country, there has been a net loss of 11,000 researchers in the last four years—I am one of them. Southern European governments appear to have the perception that they have too many researchers that their respective systems cannot afford. But, as I heard recently from Norman Augustine, former Lockheed Martin CEO, “if you don’t plant the seeds you don’t need farmers but you starve.”

From my own exile, and for those researchers, who are being spared and forced to immigrate, in particular my Portuguese colleagues, I would like to share with you José Mariano’s words: “You know, packing, unpacking (real things, boxes and books and cloths and memories), always hesitating before deciding what to bring this time… but you know it already, it is part of being so much attached to our place that it hurts… and then we realise how much divided and how much we are also already elsewhere as part of a new life…(I have been through it so many years that I think I recognise your symptoms as if it was happening to me now). But please think that you will be travelling across the Atlantic many, many times, coming back and forth. After all, you shall be happy to know that many signs of recognition and those precious memory doors we all build our lives on, are to be found here and there…Saudades y abrazos, José Mariano.”

Far from being an acceptance of defeat he called for action: “But do not be bitter, please. Our countries need both of us, and we them (…); bitterness perhaps cannot be avoided, but it should not turn into rejection. If civilisation were easy, there would be no place for barbarism.” (…) “Action by scientists aimed at strengthening and widening the social support to science and to scientific research, as well as to critical thinking and to the values of science itself, is increasingly needed in Europe. The [open letter] reflects the generosity and the revolt of many researchers in some European countries, as a response to very damaging bad science policies.”

He adds: “Under difficult economic conditions, human capital was not regarded by many decision makers as the most precious asset for our future. On the contrary, loss of talent and rapid erosion of years of investment in advanced education and research were accepted or encouraged. (…) Reaction by responsible citizens to these unfortunate policies is therefore critically needed. I would be very happy if some of my efforts over many years in fighting against the science divide across Europe, and in campaigning for a greater involvement of scientists in science policy and in sharing the political debate with society would have modestly contributed to progress in this area! (…).”

Our dearest José Mariano, you contributed tremendously to European research development and we are extremely grateful for your restless work.

Un último abrazo,

Amaya.

 
 

A call to those who care about European science

Amaya Moro-Martín - Nature

When the European Parliament asked its proposed new commissioner for research what the continent should do about the state of its science, Carlos Moedas pledged greater cooperation between member states. Moedas might not have noticed, but we are already uniting: to protest against vicious budget cuts that are wrecking our scientific base and threatening our economic future.

These protests will reach a symbolic climax next week, with events planned in several European capitals, including the arrival in Paris of cycling French scientists involved in the Sciences en Marche campaign.

To mark this week of action and to highlight the need for a rethink on cuts, I and colleagues from across Europe have drafted an open letter to national governments and the European Parliament and Commission. We encourage Nature’s readers, as scientists and citizens who care about the future of research in Europe, to sign it here: openletter.euroscience.org.

The problems are many but can be summarized simply. The policy-makers and leaders of an increasing number of nations have completely lost touch with the reality of research.

They are ignoring how a strong research sector can contribute to the economy, something that is particularly crucial in the countries hit hardest by the economic crisis. Instead, they are imposing drastic budget cuts that are making these countries even more vulnerable. And all under the complacent gaze of European institutions.

There are too many examples to list, but here are some of the most prominent: since 2009, Italy has seen recruitment of scientists fall by 90% and the amount spent on basic research drop to nothing. In Spain, the amount of money spent on civilian research and development has dropped by 40%, and fewer than 10% of researchers who retire are being replaced. Since 2011, the budget of Greek research centres and universities has halved, with a freeze on hiring. Already reeling from budget cuts of 50% for universities and research centres, Portugal may now have to close half of its research units because of a flawed evaluation process supported by the European Science Foundation.

French researchers are alarmed by the 20–25% decline in the number of scientific and academic positions and by the less than 10% success rate of the increasingly more prevalent grant-based funding. Even Germany is fostering fixed-term contracts through its science-employment act, making the future uncertain even for very experienced researchers.

Most of these measures are in the name of austerity. Europe’s vain hope is that the private sector will step up to provide the spending increases required to reach the Lisbon Treaty’s goal of 3% of gross domestic product. But this ignores the fact that private backing tends to be spurred by public investment: more than half of the United States’ economic growth has come from innovation that has roots in federally-funded research.

The drastic budget and hiring cuts, the latter recommended by the European directive, are triggering a brain drain. Where they can, scientists are shifting from the less-affluent south to the north of Europe. Where they cannot, many are abandoning the continent altogether.

Spanish policy-makers are even denying the problem exists, despite the clear collapse in employment opportunities and the visible emptying of research centres. If the lack of opportunities continues, more and more European scientists will simply leave research.

Europe’s research commissioner deserves a chance to improve the situation. But it is telling that Moedas’s guidance letter from the commission’s president-elect, Jean-Claude Juncker, does not mention the need to address budget cuts or the brain drain. Instead, it asks him to focus on applied research, and in particular on boosting the participation of the private sector and of small and medium enterprises.

Despite what some politicians believe, applied research is unlikely to have much immediate impact on the market. Marketable research products are the low-hanging fruit of an intricate research tree, and undermining basic research will slowly kill the roots.

Ultimately, Europe’s approach ignores how the scientific process works. Research requires experiments, and not all will be successful. Excellence is the tip of an iceberg: it is prominent only because of the support of the body of work beneath.

Instead, science funding at both the national and the continental levels is going to a diminishing number of well-established research groups. This is not conducive to the diversified portfolio that Europe will need to face the societal and technological challenges of tomorrow. It also increases the gap between member states, because those well-funded research institutions are systematically recruiting a selected group of grant holders.

Research cannot follow political cycles: it is about investment in the future. And it should not just serve the economy, but also aspire to increase knowledge and social welfare, including for those with no resources to pay the bill.

Too many of those in positions of power in Europe have chosen to ignore this. We are determined to remind them. We call on you to help us.

The views and opinions expressed are those of the author and do not necessarily reflect the views of the STSI.

 
 

They have chosen ignorance: Open Letter in defense of research in Europe

Scientists from different European countries describe in this letter that, despite marked heterogeneity in the situation of scientific research in their respective countries, there are strong similarities in the destructive policies being followed. This critical analysis, simultaneously published in Nature and in a number of newspapers across Europe, is a wake-up call to policy makers to correct their course, and to researchers and citizens to defend the essential role of science in society.

The national policymakers of an increasing number of Member States, along with European leaders, have completely lost touch with the reality of research.

They have chosen to ignore the crucial contribution of a strong research sector to the economy, particularly needed in the countries more severely hit by the economic crisis. Instead, they have imposed drastic budget cuts in Research and Development (R&D) that make these countries more vulnerable in the mid- and long-term to future economic crises. This has all happened under the complacent gaze of European institutions, which worry more about Member States complying with austerity measures than about maintaining and improving national R&D infrastructures that can help these countries change their productive model to a more robust one based on knowledge-generation.

They have chosen to ignore that research does not follow political cycles; that long-term, sustainable R&D investment is critical because science is a long-distance race; that some of its fruits might be harvested now, but others may take generations to mature; that if we do not seed today, our children will not have the tools to face the challenges of tomorrow. Instead, they have followed cyclical R&D investment policies with a single objective in mind: lowering the yearly deficit to what might be an artificial value imposed by European and financial institutions, all oblivious to the devastating effect this is having on the science and innovation potential of individual Member States and of Europe as a whole.

They have chosen to ignore that public investment in R&D is an attractor of private investment; that in an “innovation State” like the United States over half of its economic growth has come from innovation with roots in basic research funded by the federal government. Instead, they unrealistically hope that the R&D spending increases required for these countries to reach the Lisbon Strategy’s goal of 3% of GDP will be achieved by the private sector alone, while reducing public R&D investment. This is in sharp contrast to the drop in the number of innovation companies in some of these countries and the prevalence, among small and medium-sized enterprises, of small family businesses with no innovation capacity.

They have chosen to ignore that time and resources are required to train researchers. Instead, shielded by the European directive to decrease workforce in the public sector, they have imposed drastic hiring cuts at research institutions and universities. Together with the lack of opportunities in the private sector and the cuts in human resources programs, this is triggering a “brain drain” from the South to the North and from Europe to beyond. The result is an irrecoverable loss of investment and a worsening of the R&D gap between Member States. Discouraged by the lack of opportunities and the uncertainty inherent in the concatenation of fixed-term contracts, many scientists are considering leaving the field, with the nature of research activities making this a one-way journey. This decimates the skilled research workforce available for industry. Rather than decreasing the deficit, this exodus is contributing to the creation of a new type of deficit: a deficit in technology, innovation and discovery Europe-wide.

They have chosen to ignore that applied research is no more than the application of basic research and is not limited to research with short-term market impact, as some policy makers seem to believe. Instead, at the national and European level, there is a strong shift in focus to these marketable products when those are only the low-hanging fruit of an intricate research tree. Even though some of its seeds might germinate in new fundamental insights, by undermining basic research they are slowly killing the roots.

They have chosen to ignore how the scientific process works; that research requires experimentation and that not all experiments will be successful; that excellence is the tip of an iceberg that floats only because of the body of work beneath. Instead, science policy at the national and European level has shifted towards the funding of a diminishing number of well-established research groups, undermining the diversified portfolio we will need to face the societal and technological challenges of tomorrow. In addition, this approach is contributing to the “brain drain”, as a small number of well-funded research institutions are systematically recruiting this selected group of grant holders.

They have chosen to ignore the critical synergy between research and education. Instead, they have severed research funding for public universities, diminishing their overall quality and threatening their role as promoters of equal opportunities.

And foremost, they have chosen to ignore that research does not only need to serve the economy but also increases knowledge and social welfare, including of those with no resources to pay the bill.

They have chosen to ignore, but we are determined to remind them because their ignorance can cost us the future. As researchers and citizens, we form an international network used to exchange information and propositions. And we are engaging in a series of initiatives at the national and European level to strongly oppose the systematic destruction of national R&D infrastructures and to contribute to the construction of a bottom-up social Europe. We call on researchers and citizens to defend this position with us. There is no alternative. We owe it to our children, and to the children of our children.

Promotores de la carta abierta:

  • Amaya Moro-Martín, Astrophysicist; Space Telescope Science Institute, Baltimore (USA); EuroScience, Strasbourg; spokesperson of Investigación Digna (for Spain).
  • Gilles Mirambeau, HIV virologitst; Sorbonne Universités, UPMC Univ. Paris VI (France); IDIBAPS, Barcelona (Spain); EuroScience Strasbourg.
  • Rosario Mauritti, Sociologist; ISCTE, CIES-IUL, Lisbon (Portugal).
  • Sebastian Raupach, Physicist; initiator of “Perspektive statt Befristung” (Germany).
  • Jennifer Rohn, Cell biologist; Division of Medicine, University College London, London (UK); Chair of Science is Vital.
  • Francesco Sylos Labini, Physicist; Enrico Fermi Center, Institute for Complex Systems (ISC-CNR), Rome (Italy); editor of Roars.it.
  • Varvara Trachana, Cell biologist; Faculty of Medicine, School of Health Sciences, University of Thessaly, Larissa (Greece).
  • Alain Trautmann, Cancer immunologist; CNRS, Institut Cochin, Paris (France); former spokesman of “Sauvons la Recherche”.
  • Patrick Lemaire, Embryologist; CNRS, Centre de Recherche de Biochimie Macromoléculaire, Universités of Montpellier; initiator and spokesman of “Sciences en Marche” (France).
  • Disclaimer: The views expressed by the signatories are not necessarily those of their employers.
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    Han elegido la ignorancia: Carta Abierta por la defensa de la investigacion en Europa

    Científicos de diferentes países europeos describen en esta carta que, a pesar de la marcada heterogeneidad en la situación de la investigación científica en sus respectivos países, hay fuertes similitudes en las políticas destructivas que se están llevando a cabo. Este análisis crítico, destacado en Nature y publicado simultáneamente en varios periódicos de toda Europa, es una llamada de atención a los líderes políticos para que cambien el rumbo, y a investigadores y ciudadanos para que apoyen el papel esencial de la ciencia en la sociedad. Esta carta puede ser firmada aquí.

    Los responsables políticos de cada vez un mayor número de países europeos, así como los líderes de la Unión Europea, han perdido el contacto por completo con la realidad del mundo de la investigación científica.

    Han elegido ignorar la contribución crucial de un sector potente de investigación a la economía, particularmente importante en los países afectados más severamente por la crisis económica. En su lugar, han impuesto drásticos recortes presupuestarios a la Investigación y Desarrollo (I+D) que hacen que estos países sean más vulnerables a medio y largo plazo a futuras crisis económicas. Todo ello bajo la mirada complaciente de las instituciones europeas, más preocupadas de que los Estados miembros cumplan con los objetivos de reducción de déficit, a que mantengan y mejoren unas infraestructuras nacionales de I+D que puedan ayudar a estos países a cambiar su modelo productivo a uno más robusto basado en la generación de conocimiento.

    Han elegido ignorar que la investigación no sigue ciclos políticos; que una inversión en I+D sostenida y a largo plazo es crítica porque la ciencia es una carrera de fondo; que algunos de sus frutos pueden ser recolectados ahora, pero que otros pueden tardar generaciones en madurar; que si no plantamos hoy nuestros hijos no tendrán las herramientas para afrontar los retos del mañana. En su lugar, han seguido políticas cíclicas de inversión en I+D con un único objetivo en mente: la reducción del déficit anual a lo que puede resultar ser un valor artificial impuesto por las instituciones europeas y financieras, ajenos por completo al efecto devastador que esto está teniendo en el potencial científico e innovador de estos países y del conjunto de Europa.

    Han elegido ignorar que la inversión pública en I+D atrae a la inversión privada. Que en un “Estado innovador” como los Estados Unidos, más de la mitad de su crecimiento económico se debe a la innovación arraigada en la investigación básica financiada por el gobierno federal. En su lugar, tienen la expectativa nada realista de que los incrementos de inversión en I+D necesarios para alcanzar el objetivo de la Estrategia de Lisboa de un 3% del producto interior bruto serán llevados a cabo por el sector privado exclusivamente, a la vez que reducen la inversión pública en I+D. Esto contrasta fuertemente con la disminución en el número de empresas innovadoras, que ya empieza a ser muy notable en algunos de estos países, y con la prevalencia, entre las pequeñas y medianas empresas, de reducidos negocios familiares sin capacidad innovadora.

    Han elegido ignorar que la formación de investigadores precisa de recursos y de tiempo En su lugar, excusados por la directiva europea de reducir el empleo público, han impuesto drásticos recortes en la contratación de investigadores en centros de investigación y universidades. Esto, añadido a la falta de oportunidades en el sector privado y a los recortes en los programas de recursos humanos, está produciendo una “fuga de cerebros” desde el Sur hacia el Norte y fuera de Europa. El resultado es una irremediable pérdida de inversión y el incremento de la brecha en I+D entre los países europeos. Desesperanzados por la falta de oportunidades y la incertidumbre inherente a la concatenación de contratos temporales, muchos científicos están considerando abandonar la investigación, un camino sin retorno debido a la naturaleza de la actividad investigadora que diezma el personal científico cualificado disponible para la industria. En vez de disminuir el déficit , todo esto está contribuyendo a crear un nuevo tipo de déficit: un déficit en tecnología, innovación y descubrimiento que afecta a toda Europa.

    Han elegido ignorar que la investigación aplicada no es más que la aplicación de la investigación básica y no se limita a investigación con impacto en el mercado a corto plazo, como algunos líderes políticos parecen creer. En su lugar, a nivel nacional y europeo, han impuesto una marcada tendencia a centrarse en estos proyectos de investigación orientados al mercado, cuando éstos no son más que frutos de una rama baja del intrincado árbol de la investigación. A pesar de que en algunos casos las semillas de estos frutos pueden germinar en nuevos conocimientos fundamentales, socavar la investigación básica mata lentamente las raíces del árbol.

    Han elegido ignorar cómo funciona el proceso científico; que la investigación requiere experimentación y que no todos los experimentos tendrán éxito; que la “excelencia” es la punta de un iceberg que flota gracias al corpus de trabajo que hay debajo. En su lugar, las políticas científicas a nivel nacional y europeo han derivado rápidamente en políticas de financiación de un número cada vez más reducido de grupos de investigación bien establecidos, socavando el portfolio diversificado que necesitaremos para afrontar los retos sociales y tecnológicos del futuro. Adicionalmente, esta política está contribuyendo a la “fuga de cerebros” debido a que un pequeño número de las instituciones mejor financiadas están llevando a cabo políticas de contratación de este reducido número de investigadores con financiación.

    Han elegido ignorar la sinergia crucial que existe entre la investigación y la educación. En su lugar, han cortado drásticamente la financiación de la investigación en las universidades, afectando negativamente su calidad y amenazando su papel como promotoras de igualdad de oportunidades.

    Y sobre todo, han elegido ignorar que la investigación no sólo sirve a la economía sino que incrementa el conocimiento y el bienestar social, incluyendo de aquellos que no pueden pagar la factura.

    Han elegido ignorar pero estamos decididos a recordárselo con determinación porque su ignorancia puede costarnos el futuro. Como investigadores y ciudadanos, formamos una red internacional acostumbrada a intercambiar información y proposiciones. Y estamos involucrados en llevar a cabo una serie de iniciativas a nivel nacional y europeo para oponernos rotundamente a la destrucción de las infraestructuras nacionales de I+D y para contribuir a la construcción de una Europa social de abajo a arriba. Hacemos un llamamiento a investigadores y ciudadanos a defender esta postura con nosotros. No hay alternativa. Se lo debemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.

    Promotores de la carta abierta:

  • Amaya Moro-Martín, Astrophysicist; Space Telescope Science Institute, Baltimore (USA); EuroScience, Strasbourg; spokesperson of Investigación Digna (for Spain).
  • Gilles Mirambeau, HIV virologitst; Sorbonne Universités, UPMC Univ. Paris VI (France); IDIBAPS, Barcelona (Spain); EuroScience Strasbourg.
  • Rosario Mauritti, Sociologist; ISCTE, CIES-IUL, Lisbon (Portugal).
  • Sebastian Raupach, Physicist; initiator of “Perspektive statt Befristung” (Germany).
  • Jennifer Rohn, Cell biologist; Division of Medicine, University College London, London (UK); Chair of Science is Vital.
  • Francesco Sylos Labini, Physicist; Enrico Fermi Center, Institute for Complex Systems (ISC-CNR), Rome (Italy); editor of Roars.it.
  • Varvara Trachana, Cell biologist; Faculty of Medicine, School of Health Sciences, University of Thessaly, Larissa (Greece).
  • Alain Trautmann, Cancer immunologist; CNRS, Institut Cochin, Paris (France); former spokesman of “Sauvons la Recherche”.
  • Patrick Lemaire, Embryologist; CNRS, Centre de Recherche de Biochimie Macromoléculaire, Universités of Montpellier; initiator and spokesman of “Sciences en Marche” (France).
  • Disclaimer: The views expressed by the signatories are not necessarily those of their employers.
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    Problems of resesarch in Spain

    Amaya Moro-Martín - ROARS

    Amaya Moro Martin of the Space Telescope Institute, answers to questions about the situation of research in Spain (this interview was made by Carlo di Foggia for the iusse of ll Fatto Quotidiano of September 8th

    What is the state of research in your country and how researchers are living?

    Public expenditure in civil R&D has dropped by 42% since 2009. This has had a very negative effect in the grants and human resources programs, the two main pillars of R&D. Regarding grants, they have been reduced by 41% from 2011 to 2014, suffering year-long delays in the release of the call for proposals (one year was skipped), and many months delay in the transfer of the money to approved grants. In addition, there has been a sudden shift away from a bottom-up to a top-down approach (which did not exist in 2012 but which now accounts for two-thirds of the total grant budget) and a strong shift in emphasis towards favoring research projects with short-term market impacts. All this uncertainty has created chaos in the research system, stalling many research activities.

    Regarding the human resources programs, some has disappeared and others have suffered 30% cuts and year-long delays, affecting negatively the already dwindling employment opportunities. Hiring opportunities in permanent positions have basically disappeared. [More info on the state of human resources below].

    With respect to all public spending, the R&D public funding (including credits) has dropped from 2.5% to 1.3% (in the period 2009-2013). In other words: R&D has lost priority. The austerity measures are imposed from Europe but the member states decide where to cut. In Spain, the government has chosen, not only not to protect the public R&D sector, but to undermine it. Public investment is known to be an attractor of private investment so it is not surprising that the latter has also dropped significantly, with the number of innovation companies dropping from 48,000 to 12,000.

    In what condition are the research laboratories?

    Research centers are effectively being emptied. By law, less than 10% of the researchers that retire across the public R&D system (including universities) are being replaced. At the Spanish National Research Council in 2013 this number was about 3%. Considering that the average age of its permanent staff is approximately 57 years, and that about half of them will retire in the next 5 years, the situation is extremely worrisome. Because the number of new permanent job opportunities has been cut very dramatically this has resulted in the breech of the Ramón y Cajal contracts, the only tenure-track program in the country. As a result, the Spanish R&D system has lost credibility.

    Temporal positions has also been affected. Regarding Ph.D., lab technicians and postdoctoral opportunities, these are strongly dependent on contracts associated to R&D grants. However, as explained above, there has been a drastic decreased in grant funding. The year-long delay in the call for proposals and the additional delays in the transfer of money to approved grants have meant a wasted year in terms of employment opportunities.

    Regarding postdoctoral programs that offer some degree of scientific independence (i.e. not associated to grants) and tenure-track positions (the so-called Ramón y Cajal program), all these programs have also suffered year-long delays in the call for applications (again, meaning a wasted year in terms of employment opportunities), and a 30% cut in the number of offered positions (for the Ramón y Cajal and Juan de la Cierva programs). In additions, one of these programs has disappeared completely (the JAE research training program at the Spanish National Research Council, the major research institution in the country).

    Are there many researchers who have left your country?

    Absolutely. Spanish researchers without permanent positions are facing the following three options: (a) To accept low-quality employment with shorter contracts (could be a few months), decreased wages and loss of scientific independence. (b) To abandon R&D activities; given the lack of an innovation private sector able to employ these researchers, this implies valuable scientific skills that are lost from the country. (c) To emigrate; in many cases this is a one-way ticket because of the loss of credibility of the system after the sustained budget cuts and the breech of the tenure-track Ramón y Cajal contracts. Even though Spain is currently suffering an acute case of brain drain, including the fled of some senior, well-known scientists, the government has not bothered to carry out a study to assess the problem and keeps maintaining that the brain drain doesn’t exist.

    What are the future prospects for the next 5-10 years?

    Research needs stable funding and long-term planning, but these necessary conditions are not being met. The intellectual cycle is much longer than fiscal year so the cuts in R&D budget of the last few years will undoubtedly have a negative impact on the scientific output during the next decade. In addition, the loss of scientific talent leaves the country without the people that can actually make the R&D system competitive, and this will negatively affect the country’s return from Horizon 2020 programs. The brain drain will increase the divergence of Spain with respect to EU countries in terms of the percentage of the population engaged in R&D activities, leading to an ever increasing science and innovation gap. The government perception is that there are too many researchers that the system cannot afford. “If you don’t plant the seeds you don’t need farmers but you starve” (quote from Norman Augustine, former Lockheed Martin CEO).

    France has decided to give life to “Sciences en marche”, Why it’s so important to demonstrate now and what are you hoping to achieve?

    We need the Spanish government to take urgent measures to stop the brain drain because it is not allowing the much needed generational renewal of the aging public research centers and universities and this can have a very high social cost. The discouragement of the youth to pursue science careers is also a side effect that will have long-term consequences. There was a Parliamentary agreement last December to support R&D activities in the country. The proposed measures included the recovery of the R&D budget to the level of 0.6% of GDP in the next three years, the elimination of the current restrictions on hiring in the public research system, and the creation of the national research agency as an autonomous and politically independent institution with a multi-annual budget. This agreement was signed by all the parties with representation in Congress (from left to right, from separatists to centralists), except the ruling party. We need the government to reconsider its position and urgently implement these measures.

    We also need the European Union to react quickly. Investment in R&D is positively correlated with the growth of the gross domestic product. The latest data available, corresponding to 2012, indicate that in Spain the total R&D spending (public + private) is only 1.3% of the GDP, well below the 2.08% average in the EU-27 and very far from the 3% goal set by the Lisbon Strategy. The gap is increasing, not only in Spain but also in other Southern European countries. It is no accident that the European countries that have been rescued or intervened are those that invest in R&D below the EU-27 average. In these countries, the austerity measures are undermining a sector that can actually help them boost their economy. Under the current conditions, we are facing a multi-speed Europe, not only in terms of scientific production and knowledge generation but also in terms of future economic growth. “Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime.” This Chinese proverb calls for a common European science policy in terms of R&D investment. Southern European countries should not become paradises of cheap labour and sun.

     
     

    La importancia de la investigacion cientifica y sus perspectivas en EspaNa

    Amaya Moro-Martin - Temas para Debate

    El título propuesto para este artículo indica hasta qué punto hemos retrocedido en los últimos años. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se cuestione la importancia de la investigación científica? ¿Está arraigando acaso la visión de que el mundo fue creado en siete días y en el octavo Dios lo dotó de conocimiento científico y consecuentes avances tecnológicos? La investigación científica es una actividad primordial en la sociedad. En primer lugar por el bien intrínseco del conocimiento que genera y su impacto en nuestra visión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea; esta faceta es la que hizo que el homo fuera sapiens. En segundo lugar por su contribución a la mejora y el mantenimiento de nuestro estado de bienestar en aspectos que tienen que ver con la salud, el control de nuestro entorno y nuestra capacidad de adaptarnos a unas circunstancias cambiantes, el desarrollo de tecnologías que facilitan nuestro día a día, etc. La investigación científica es una actividad necesaria, aunque no suficiente, para que una sociedad pueda ganarse el adjetivo de civilizada.

    Se podría argumentar que un país que abandone la I+D no deja de ser civilizado ya que el conocimiento científico no tiene fronteras. En 1906, Unamuno escribía en un diálogo entre dos personajes “Inventen, pues, ellos y nosotros nos aprovecharemos de sus invenciones. (...) la luz eléctrica alumbra aquí tan bien como allí donde se inventó.” Un país que abandona la I+D tiende a un modelo económico más dependiente del exterior y por tanto más vulnerable, con empleos más alienantes y más precarizados, todo lo cual puede repercutir en menos recursos y más desigualdades sociales. El conocimiento y los avances tecnológicos no tienen fronteras pero sólo cuando hay recursos con qué pagarlos. Un país con una economía vulnerable corre el riesgo de privar a sus ciudadanos económicamente menos favorecidos de los aspectos positivos a los que contribuye el avance científico y el desarrollo tecnológico, afectando negativamente su estado de bienestar. Un país donde se impongan dichas privaciones, ¿puede seguir considerándose civilizado?

    La perspectiva de una España sin interés por la investigación científica y el desarrollo tecnológico, sin interés por cambiar su modelo económico de uno primordialmente especulativo a uno productivo basado en la generación de conocimiento, es tan preocupante que muchos de sus ciudadanos jóvenes mejor formados están considerando (o ya han abrazado) la idea de emigrar.

    ¿Y cuál es la postura de los países que los reciben? El Consejo Europeo, en su Dictamen sobre el programa de estabilidad de España para 2012-2015, ha criticado la política de recortes en I+D porque “la estrategia europea de crecimiento y su respuesta integral al reto actual (...) requiere un impulso de la innovación, la investigación y el desarrollo, (....) componentes vitales de la futura competitividad y desarrollo de Europa”. El Gobierno español, que obedece ciegamente otras directivas europeas que precarizan el empleo, ha hecho caso omiso de estás tibias recomendaciones que precisamente pueden generar empleo de calidad. No es casual que los países que menos invierten en I+D son precisamente los que han sido rescatados y/o intervenidos (Grecia, Portugal, Irlanda, Italia y España). ¿No tendría sentido, por tanto, establecer un porcentaje mínimo de inversión pública en I+D como porcentaje del producto interior bruto de cada país, el equivalente moderno al “no les des pescado, enséñales a pescar”? Pero quizá esto no se ajuste con el destino de paraíso de mano de obra barata y sol que han elegido para nosotros ciertos grupos de interés, nacionales y europeos.

    Para revelarse contra a ese destino también hay que hacerlo frente a nuestro pasado. Un compañero me enviaba hace poco una cita de Julio Verne de 1865, extraída del libro “De la Tierra a la Luna”. Ante el reto de unos americanos de construir un enorme cañón para enviar un proyectil a la Luna, la novela cuenta como se solicitó la colaboración internacional. Fascinados por el proyecto, Rusia, Alemania, Bélgica, Holanda y Francia, entre otros, enviaron cientos de miles de dólares. "Respecto a España, no pudo reunir más que ciento diez reales. Dio como excusa que tenía que concluir sus ferrocarriles. La verdad es que la ciencia en aquel país no está muy considerada."

    El esfuerzo hecho en las últimas tres décadas ha permitido a España alcanzar una producción científica al nivel de su peso económico, alejándonos del estigma “que inventen ellos” y de que no estamos interesados en hacer ciencia ni en ciencia ficción. Pero lo logrado en las últimas décadas corre un serio peligro. Desde el año 2009 se ha llevado a cabo un estrangulamiento presupuestario de la I+D civil sin precedente, con una reducción de aproximadamente un 50% teniendo en cuenta la inflación. A esto hay que añadir una política de recursos humanos que lleva años descapitalizando los centros de investigación y universidades, tanto en puestos de trabajo temporales como permanentes (los últimos, con una tasa de reposición de menos de un 10%). Varias generaciones de investigadores se están enfrentando a tres alternativas: dejar la investigación, emigrar o precarizarse. Para los últimos, implica en muchos casos renunciar a la independencia y creatividad científica, hilando contratos de duración muy limitada y características inferiores a sus cualificaciones, con el objetivo de mantenerse, al menos temporalmente, en un sistema de investigación sumido en un verdadero caos. Cualquier de las tres alternativas supone una pérdida irrecuperable que lastrará al sistema español de I+D durante al menos una década porque, en el contexto europeo, ni las instituciones públicas de investigación tendrán capital humano competitivo para beneficiarse de los recursos económicos del Programa Marco, ni las empresas españolas encontrarán personal investigador cualificado para hacer uso de los recursos financieros europeos destinados a potenciar la I+D en el sector privado. Corremos un serio riesgo de alejarnos de Europa en términos de producción científica y generación de conocimiento, lo que nos haría divergir también en términos de crecimiento económico.

    En las semanas previas a la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2014, representantes de toda la comunidad científica trasladaron a los grupos parlamentarios en el Congreso la necesidad de un pacto para evitar el desmantelamiento actual del sistema público de investigación y asegurar su viabilidad a medio y largo plazo. Todos los grupos mostraron su apoyo incondicional (conservadores y progresistas, nacionalistas y no nacionalistas, monarquistas y republicanos), todos, excepto el partido en el Gobierno.

    Un estudio reciente indica que la inversión en I+D no sólo está relacionada con el crecimiento del producto interior bruto de un país sino también con su transparencia democrática. No es demagogia: un líder político que defienda la inversión en I+D está apostando por el futuro del país con una visión de estadista, venciendo la frecuente miopía política que no ve más allá del interés partidista a corto plazo o del beneficio de ciertos grupos de interés. El partido en el Gobierno está aislado en su desprecio por la I+D. Es urgente que reflexionen sobre las causas y actúen de forma responsable.

     
     

    European Science is dead: long live European Science!

    Gilles Mirambeau & Amaya Moro-Martín - Euroscientist

    European Science is dead!

    This is due to the lingering crisis that has stricken science’s investment and human resources, especially in Southern Europe. In those countries, the scientific community has been forced to stall research activities. Besides, the loss of employment opportunities at all levels, both tenured and non-tenured, is not allowing the much needed generational renewal at public research centers and universities.

    Given that these countries’ dwindling and ageing research staff, the loss of several generations of researchers could have a very high social cost—the brain drain being only its most visible aspect. There are also collateral damages with long-term consequence: this situation does not create the conditions for young people to pursue science careers.

    The European research budget has also been hit. Amounting, as it does, for approximately 10% of R&D investment throughout Europe, national governments should not count on increased return from the EU Framework Programmes to compensate the domestic cuts. European science requires a solid national funding base.

    Long live European Science!

    Science is the way out from the recession. Investment in R&D is correlated with the growth of the gross domestic product. It will help Europe continue to be a global cultural reference. It will also help to develop the tools to help maintain and improve the quality of life of its citizens related to health, education, environmental challenges, new sources of energy, new technologies etc.

    It is no accident that the European countries that have been rescued or intervened are those that invest in R&D below the EU-27 average. In these countries, the austerity measures, imposed partly from Europe, are undermining a sector that can actually help them boost their economy.

    It is a catch-22.

    Under the current conditions, we are facing a multi-speed Europe, not only in terms of scientific production and knowledge generation but also in terms of future economic growth. “Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime.” This Chinese proverb calls for a common European science policy in terms of R&D investment.

    The European Union will not be much of a union without a common ground of opportunities. The European scientific community should defend its integrity as a whole and not allow the dismantling of the R&D systems of some of its member states, negating their opportunity to achieve a knowledge-based economy, and condemning them to become paradises of cheap labour and sun.

    Finding new ideas are needed to address the current difficulties affecting researchers is key, particularly in Southern Europe. This is the focus of a forthcoming event entitled homo scientificus Europaeus: seeking a sustainable future for European science, which is due to be held at the Ateneu of Barcelona, Spain, on 8 November 2013 at 12.30. It will bring together scientists from Southern European countries engaged in drawing a better future for European science.

    We would like to make a call to all Euroscientist readers to join us at this event, or to write to the Euroscientist Editor, to make suggestions on what needs to be done to follow the path towards recovery.

     
     

    Spanish science: still suffering

    Amaya Moro-Martín, José Molero, Carlos Andradas, Emilio Criado, Antonio Turiel, Mar García Hernández, Emilio Muñoz, Diego García-Bellido, Jose M. Fernádez - The Guardian

    Santiago Ramón y Cajal died 79 years ago last week. He was the only Spanish scientist to receive a Nobel for work done in Spain. Considered the father of modern neuroscience and world-renowned for his medical artistry, other countries would have displayed his legacy with pride. Spain is different. Some of his original lab material and desk are now on display in the furthermost corner of an austere library at the Ramón y Cajal Neurobiology Institute, well off the beaten path and not easily accessible to the public. A handful of his drawings hang above the bookshelves, too high up to appreciate the virtuosity.

    This neglect for his legacy exemplifies Spain’s historical disregard for science, something Santiago Ramón y Cajal himself denounced about a century ago: “to do research in Spain is to cry”. His words still echo today, many of his writings are still heartbreakingly relevant. He criticised Spanish political leaders who refused to acknowledge the part science plays in a successful society. He stressed the intrinsic value of fundamental knowledge and argued that those societies that were successful in technology were also those that valued curiosity-driven research. He argued that a country should foster the activities of scientists and not merely wait for genius to appear. He bitterly criticised the hermeticism and inbreeding of Spanish research institutes and universities, their under-funding, over-regulation and bureaucratic burdens.

    On 17 October, on the anniversary of his death, the research community in Spain held a minute’s silence not just to observe his anniversary but also to mark a day of mourning for Spanish science. Here we bring together a range of contributors to comment on the ongoing challenges that have inspired such strong feelings.

     
     

    Spain's new research budget fails to deliver

    Amaya Moro-Martín - The Guardian

    Last Friday it was the European Commission-backed Researchers' Night, and in Spain it was a pitch-black night. This event, intended to bring together science and society, was celebrated by Spanish researchers with a mock funeral in Madrid, near to the Congress. In the 2014 national budget released that day, the Spanish government had completely ignored the demands of Spain's scientific community, condemning the Spanish R&D system to a not-so-slow death.

    During the last two weeks, representatives from the Spanish scientific community have met with all political parties in the Spanish Congress, including the leader of the opposition, with a proposition: a parliamentary agreement to guarantee the viability of the Spanish R&D system.

    This request, signed by the Confederation of Spanish Scientific Societies, the Conference of University Chancellors, a wide range of Conferences of University Deans, most of the directors of the Spanish National Research Council centres, several grassroots scientific organisations and the two major trade unions, among others, contains four basic requests: (1) That public spending on R&D is restored to 2009 levels by 2016, to converge with the EU-27 average of 0.6% of GDP; this would require an annual increase of 636 million Euros for three years. (2) The elimination of the current restrictions on hiring in the public research system, which is resulting in the permanent loss of 90% of the tenured posts left vacant due to retirements. (3) The release of enough resources in 2013-2016 for the national research grants programme, and a guarantee that future calls for proposals will follow clear and sensible timelines. And (4), the creation of the national research agency as an autonomous and politically independent institution with a multi-annual budget.

    While the goal of the last two points is to guarantee that we do not see a repeat of the chaos that the system has suffered in 2012 and 2013, the first two requests are focused on the longer-term revival of the system.

    The 2014 budget for civil R&D spending (€2,250m) sees a modest increase of €128m over what was first announced in 2013. This is not only much smaller than the €636m increase requested by the community but - given that in late 2013 the government was forced to supply an extra €104m to avoid the collapse of the R&D system - does not represent any significant increase. Indeed, the largest fraction of the 2014 increase (€59.2m of the €128.3m extra) is accounted for by an increase in Spain's contribution to Cern (€35.6m of which actually cover overdue payments).

    Only 1.7 of that €128.3 extra will go to increase the budget of the Spanish National Research Council (CSIC), which, with an estimated deficit (according to its president) of some €75m, will spend another year on the verge of bankruptcy.

    The restriction on hiring researchers has been maintained for the third consecutive year. This freeze, together with the budget cuts and year-long delays in the grants and human resources programmes, are forcing talent to leave the system. Without much needed generational renewal in research institutes and universities, the Spanish system will continue to be less competitive in winning funding from EU research programmes and companies will continue to struggle to find researchers with whom to take advantage of European financial resources (like the Risk Sharing Finance Facility) that promote research and innovation activities in the private sector.

    Only €10.3m out of the extra €128.3m for 2014 is allocated to the crucial budget line (the Fondo Nacional para Investigación Científica y Técnica) covering all grant funding and human resources programmes in the Spanish public research system. It was precisely this budget line which needed an emergency bail-out in 2013 to avoid triggering the collapse of the entire system. This budget will see a deficit in 2014 of €69m with respect to 2013. And needless to say, the new state budget allocates no resources whatsoever to the creation of the national research agency.

    R&D should be one of the basic foundations of the Spanish economic recovery, supporting a much needed transition to a less volatile economic model based on production and generation of knowledge. It is well known that investment in R&D is correlated with GDP growth, and it may be no accident that the European countries that have had to be rescued or intervened (Ireland, Portugal, Italy, Greece and Spain) are those that have invested less in R&D.

    By not reforming and revitalising R&D spending, the government is contradicting its own claims that the Spanish economy has started down the path of recovery. The 2014 budget document boasts that one of the priorities of recent budgets has been research, development and innovation policies, allowing public investment in R&D to approach the EU average. It is very difficult to argue with a government that lives in a parallel universe: public spending in R&D has suffered a 33.1% decrease under the present administration (2012-2013 period) and Spain has fallen below EU standards in terms of R&D investment (both overall and public) and in terms of number of researchers per citizen.

    In the numerous meetings held in Congress in the last two weeks, we found that all political parties in the opposition (progressive and conservative, nationalist and non-nationalist) support the scientific community's four requests, and agreed to support an act to articulate this commitment, with clear goals. This is a milestone because a three-year commitment would include the first year of the next government, whoever is in power. So Spain may yet move towards a more stable and transparent research system - but time is of the essence and to really secure the future of Spanish science, the governing party also urgently needs to come on board.

     
     

    La ciencia como deporte de riesgo

    Amaya Moro-Martín - El País

    El Gobierno argumenta que se está haciendo un “esfuerzo considerable” para mantener la inversión pública en I+D. Sin embargo, el gasto real ha caído un 33,1% durante la presente legislatura (45,7% desde 2009), dejando a nuestro país por debajo de la media europea (UE-27) en términos de porcentaje del PIB. Para maquillar este drástico recorte presupuestario en el sector público de investigación, año tras año el Gobierno ha incrementado los fondos destinados a créditos para el sector privado. Pero no nos engañemos: no es una inversión real, son créditos y en su mayoría no son requeridos por un sector privado que ha perdido interés en actividades de I+D.

    Los recortes presupuestarios recurrentes están minado el sistema público de investigación. La convocatoria de proyectos del Plan Estatal de 2013 debería haber salido en diciembre de 2012 pero todavía no lo ha hecho. Incluso si fuera publicada en las próximas semanas, el tiempo requerido para evaluar las propuestas indica que de forma efectiva se habrá perdido un año de convocatoria. También preocupa el cambio brusco en la estrategia de financiación de proyectos de investigación no orientada a proyectos de investigación orientada (que ha pasado de no existir en 2012 a llevarse dos tercios del presupuesto total en 2013) y la fuerte priorización de proyectos que prometen un impacto en el mercado a corto plazo.

    Incluso cuando los grupos de investigación obtienen proyectos aprobados, no existe ninguna certidumbre de cuándo vayan a recibir la financiación correspondiente. En 2012 hubo un retraso de siete meses. Pero no solo eso, los investigadores se quedaron de piedra cuando se publicó un Boletín Oficial del Estado donde el Gobierno anunciaba que los proyectos de investigación de tres años ya convocados se extendían a cuatro años sin aumentar la financiación para el cuarto año.

    Por si eso fuera poco, Hacienda bloqueó la transferencia de fondos aprobados por el Ministerio de Economía y Competitividad a grupos de investigación en Universidades pertenecientes a Comunidades Autónomas que no habían alcanzado el objetivo de reducción del déficit. Estas decisiones fueron después revocadas, pero la incertidumbre forzó a muchos investigadores a paralizar su trabajo durante más de medio año.

    Nadie en el Economía garantiza que esta situación caótica no se vaya a repetir durante la convocatoria de proyectos de 2013 (si finalmente sale), añadiendo la investigación a la lista de deportes de riesgo. El ministerio culpa a Hacienda de la situación… el Gobierno parece boicotear deliberadamente su propia política científica.

    Los centros de investigación y universidades están perdiendo puestos de trabajo permanentes. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) solo está reemplazando un 3% de los investigadores que se jubilan. Los programas de recursos humanos para jóvenes científicos también han sufrido, el del CSIC ha desaparecido por completo, mientras que los programas Juan de la Cierva y el de incorporación Ramón y Cajal se han reducido un 30%, acumulando retrasos que de nuevo dan lugar a un intervalo de más de un año sin financiación. Como los salarios de muchos estudiantes de doctorados, investigadores posdoctorales y personal técnico dependen de estas fuentes de financiación (proyectos de investigación y programas de recursos humanos), estos retrasos, junto con las trabas burocráticas usuales en los procesos de contratación, han forzado a un número indeterminado de investigadores a trabajar durante extensos periodos de tiempo sin cobrar; una forma interesante de alentar a nuestros jóvenes al voluntariado.

    El efecto de estos recortes y retrasos amplifica los problemas estructurales existentes en la carrera investigadora en España, de forma que más y más investigadores están viéndose forzados a contemplar la emigración o a dejar la investigación —en drástico contraste con la postura del Gobierno de que la fuga de cerebros es un “cliché injustificado”—. Frecuentemente se pregunta cuánto le cuesta a la sociedad formar a todos estos investigadores que se pierden; pero la pregunta más relevante sería cuál es el precio social a pagar si se impide llevar a cabo la tan necesitada renovación generacional en el sistema público de investigación (la edad media de los investigadores en posiciones permanentes es de unos 55 años).

    Los recortes y la incertidumbre también están afectando a las instituciones. El CSIC, responsable de aproximadamente un 20% de las publicaciones científicas en España, es un caso emblemático. El CSIC ha pasado todo el año 2013 bajo la amenaza de quiebra. El Gobierno ha asegurado repetidamente que no lo dejará caer, sin embargo hasta el momento solo ha transferido 25 millones de euros de los 100 millones que necesita para sanear sus cuentas (aunque promete que transferirá otros 50 millones en algún momento).

    La previsión era que el CSIC se quedaría sin liquidez el pasado mayo pero fue retrasado a octubre gracias a medidas de austeridad sin precedentes (aniquilando los ahorros que los centros habían acumulado hasta el año 2012, ahorros destinados a actividades de investigación que han acabado usándose para pagar gastos corrientes). A pesar de ello algunos centros se han visto obligados a cerrar durante dos semanas en agosto para reducir gastos. El Gobierno acaba de acordar avanzar la transferencia de 44 millones de euros correspondientes a proyectos de investigación del Plan Estatal que, en vez de cubrir gastos de investigación durante 2014, acabarán de nuevo pagando gastos corrientes durante 2013; esto retrasará la quiebra del CSIC unos pocos meses pero no resuelve el problema. Muy a nuestro pesar, a los investigadores se nos está acostumbrando al suspense. Probablemente el Gobierno impida que el CSIC entre en quiebra en el último minuto pero el impacto negativo en sus actividades de investigación, su habilidad para participar en colaboraciones internaciones y el daño a su credibilidad son indudables.

    Confiar que las instituciones sobrevivan este tipo de parálisis intactas es como pedirle a alguien que deje de respirar durante una hora. De hecho, muchos investigadores ya han dejado de respirar: El CSIC ha perdido unos 1200 puestos de investigación (permanentes y no permanentes) durante 2012 y se espera que perderá otros 1000 durante 2013, resultando en un descenso del 20% de su personal investigador en dos años. O la fuga de cerebros existe o todos estos investigadores se subliman.

    Luis de Guindos ha anunciado que el presupuesto de I+D aumentará durante 2014. Sus declaraciones han sido recibidas con extremada cautela, quizá porque en 2013 anunció que el presupuesto se había incrementado un 5% cuando en realidad había sido recortado un 13.7%. Los investigadores no perdonan la manipulación de datos, como tampoco toleran que éstos se ignoren: la recién aprobada Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación para 2013-2020 ni menciona los drásticos recortes presupuestarios sufridos por la I+D en los últimos años, ni analiza su impacto, ni especifica los recursos humanos y financieros que estarán disponibles a corto y medio plazo. El Gobierno espera incrementar el retorno del programa marco europeo para compensar los recortes en el presupuesto nacional, pero la financiación europea está diseñada para afianzar unos presupuestos nacionales fuertes, ni mucho menos para reemplazarlos.

    España necesita urgentemente una política científica creíble. Se debe acabar con el ciclo histórico de auge y escasez del presupuesto de I+D, y éste debería recuperar el nivel de 2009 para poder converger con la media europea. Pero no se trata de mantener el status quo, el incremento del presupuesto debería venir de la mano de cambios estructurales.

    La coordinación entre ministerios, y entre el Gobierno central y los autonómicos, debería mejorarse. La burocracia a todos los niveles y en todos los procesos administrativos relacionados con la investigación necesita minimizarse. Los plazos de las convocatorias han respetarse y todos los fondos presupuestados ejecutarse. Esto podría facilitarse si se creara finalmente la Agencia Estatal de Investigación y se la dotara de recursos y autonomía para operar con un presupuesto plurianual. Sí, es cierto que el Gobierno permitió la creación de la Agencia ¡pero con un presupuesto cero! También sería bueno recuperar el Ministerio de Educación y Ciencia.

    El incrementó de autonomía debería ir acompañado de un incremento de responsabilidad. Todos los organismos y grupos de investigación que reciban financiación pública deberían estar sometidos a evaluaciones rigurosas para incentivar la excelencia. Estas evaluaciones deberían hacerse con los mismos criterios a nivel nacional, independientemente si la financiación viene del Gobierno central o autonómico.

    La contratación permanente en el sector público necesita recuperarse de forma urgente para permitir la renovación de una población de investigadores cada vez más envejecida. Los compromisos de estabilidad del programa Ramón y Cajal deberían cumplirse. Es necesaria una mayor movilidad de investigadores entre centros de investigación, entre centros de investigación y Universidad, y también más permeabilidad del sistema a investigadores extranjeros (comunitarios y no comunitarios), con el objetivo de combatir la endogamia e incrementar la credibilidad internacional y la competitividad del sistema español de investigación.

    Algunos de estos cambios requieren esfuerzos legislativos significativos. Para llevarlos a cabo con coherencia y celeridad sería conveniente restablecer las comisiones de ciencia en el Congreso y el Senado. Un Consejo Científico de peso con una fuerte representación de la comunidad científica (por ejemplo siguiendo el modelo alemán) debería tener un papel clave en el diseño de estas reformas y como órgano asesor de política científica.

    La segunda Carta Abierta por la Ciencia acabó pegada con cinta adhesiva a las puertas cerradas del Ministerio de Economía y Competitividad. La fría recepción de este documento, elaborado por la Confederación de Sociedades Científicas de España, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, una amplia gama asociaciones de base científicas y los dos principales sindicatos, es una imagen impactante de la indiferencia del Gobierno por la ciencia y por la comunidad investigadora. Esto no puede volver a repetirse. El Gobierno debería ir más allá de la foto oportunista y comprometerse de una vez por todas con un sector que puede ayudar a España a desarrollar una economía menos vulnerable. De lo contrario nuestros líderes políticos estarán boicoteando el futuro del país.

     
     

    Spain urgently needs an internationally credible science policy

    Amaya Moro-Martín - The Guardian

    Last week we republished in English an open farewell letter from a departing Spanish scientist to Prime Minister Mariano Rajoy that had generated a huge response in both the old and new media. Here, the author of that letter, Amaya Moro-Martín, describes how cuts and delays are compounding long-standing bureaucratic problems to damage the viability and international credibility of the Spanish science system.

    While the Spanish government claims that "a considerable effort" has been made to maintain public investment, real spending on R&D in Spain has fallen cumulatively 33.1% during this administration (45.7% since 2009), placing our country well below the EU-27 average in terms of percentage of GDP. To disguise drastic cuts in the public research sector, year after year the government has increased the funds nominally available as R&D credits to firms. But those are credits, not grants, and are rarely requested by a private sector that has largely lost interest in R&D.

    Recurrent budget cuts are undermining the entire public research system. The 2013 call of the national research grants programme should have appeared last December but is still awaited. Even if it were published in the next few weeks, the time required to review the proposals suggests that the effect will be a gap in funding coverage of more than one year. Additional concerns relate to the sudden shift away from bottom-up grant funding to a top-down approach (which didn't exist in 2012 but which now accounts for two-thirds of the total budget) and a strong shift in emphasis towards favoring research projects with short-term market impacts.

    Even where grants have been approved, it is not clear when research groups can expect to receive the funding. For the 2012 call, there was a seven-month delay before funds finally arrived. Then, in an Official Bulletin of the State, the government stunned the community by announcing that the three-year grants which had been awarded would be extended by a year, without providing any further funding for that fourth year.

    If that were not enough, the Treasury blocked the transfer of funds approved by the Ministry of Economy and Competitiveness (in charge of R&D since the Ministry of Science was dismantled by the government) to research groups working at universities in the many autonomous regions whose governments have not yet fulfilled deficit reduction goals. These decisions were later reversed, but the uncertainty has forced many researchers to halt their work for more than half a year.

    Nobody at the ministry will guarantee that this chaotic situation will not be repeated again for the 2013 call of proposals (when it finally comes out), adding research to the list of high-risk sports. The ministry blames the Treasury for this mess – it is almost as if the Spanish government is deliberately sabotaging its own science policy.

    Permanent positions at research institutes and universities are being lost to the system. The Spanish National Research Council (CSIC) is only replacing 3% of retiring staff. Programmes for early career researchers have also suffered, the CSIC one disappearing entirely and the Juan de la Cierva and tenure-track Ramón y Cajal fellowships being reduced by 30% and accumulating delays, again resulting in a gap of more than one year in funding. Because the salaries of many Ph.D. students, post-docs and technicians depend on these funding streams, these delays, compounded by the usual bureaucratic hurdles in the recruitment process, have forced an unknown number of researchers to work for extended periods without pay; an interesting way to increase the level of volunteering among young people.

    The effect of these cuts and delays is to amplify existing structural problems with research careers in Spain, so that more and more researchers are forced to contemplate emigration or a career change – in sharp contrast to the government's assertion that the "brain drain" is an unjustified cliché. It is often asked how much it has cost the taxpayers to train all these researchers that emigrate; but the more relevant question might be about the likely social cost of failing to renew Spain's ageing population of researchers (the average age of a researcher in a permanent position being about 55).

    Cuts and uncertainty are affecting institutions as well as careers. CSIC, with 135 institutes, is an emblematic case, accounting as it does for 20% of the scientific activity of Spain. CSIC has spent 2013 on the threat of bankruptcy. The government continues to promise that it will not be allowed to collapse. However it has only transferred to CSIC €25m out of the €100m needed to balance the budget (though it has promised to transfer a further €50m at some point).

    It was predicted CSIC would run out of cash by May this year but this was delayed to October, thanks to unprecedented austerity measures (taking all the accumulated reserves of CSIC research institutes up to 2012, intended to be invested in research, and using them to pay the bills). Nonetheless some institutes were forced to close for two weeks in August because they could not cover the cost of utilities. The government has just agreed to advance the transfer of €44m worth of grant funding that was meant to pay for research activities during 2014 but which will end up paying utilities in late 2013, delaying the bankruptcy a few more months but not resolving the problem. If anything, researchers are developing a taste for suspense. CSIC will likely be saved at the last minute, but the negative impact on its research activities, its ability to participate in international collaborations and the damage to its credibility are undeniable.

    Expecting institutions to survive this kind of standstill intact is like asking someone to stop breathing for an hour. And indeed many researchers have stopped breathing: CSIC has lost some 1,200 science jobs (permanent and non-permanent) in 2012 and may have lost an additional 1,000 by the end of 2013, amounting to a 20% decrease in the research workforce in two years. Either there is a 'brain drain' or researchers just sublimate.

    Luis de Guindos, the economy minister, has just announced that the R&D budget will grow in 2014. His statement has been received with extreme caution, maybe because in 2013 he argued that the budget had increased by 5% when in reality it was slashed by 13.7%. Researchers do not forgive manipulated data, nor do they tolerate ignoring the data: the minister's recently approved Strategy for Science, Technology and Innovation for 2013-20 fails to mention the drastic budget cuts of the last few years, makes no assessment of their impact and does not specify what human and financial resources will be available in the short and medium-term future. The Government hopes to increase our return from the EU Framework Programmes in order to compensate for domestic cuts, but European funding is designed to build on a solid national funding base, not to replace it.

    Spain urgently needs a credible science policy. There must be an end to the historic cycle of boom and bust in research spending, and R&D spending should be restored to the level of the 2009 budget to converge with Europe. But it is not a question of maintaining the status quo – increased investment should come hand in hand with reform.

    Coordination in government, and between the government and the regional governments, must be improved. Bureaucracy at all levels and in all research-related administrative processes must be minimized. Timelines should be honoured and allocated funds spent. Much of this could be facilitated by finally creating the National Research Agency and guaranteeing it the resources and autonomy to operate a multi-year funding cycle. The government did allow for its creation, but with zero budget! And it would be good to see the return of the Ministry of Education and Science.

    Increased autonomy should be accompanied by increased accountability. All institutes and groups in receipt of public funding should undergo rigorous evaluations, incentivising excellent research. These evaluations should be done according to the same criteria nationwide, regardless of whether the funding comes from the State or the region.

    Permanent recruitment in the public research sector urgently needs to be revived to renew the ageing researcher population. The tenure commitment of the "tenure-track" Ramón y Cajal programme should be honoured. Greater mobility of researchers from institute to institute, between the institute sector and the university sector, and into the system from abroad, is required in order to combat inbreeding and raise the international credibility and competitiveness of the Spanish system.

    Some of these changes will require significant legislative efforts. The coherence of such reforms could be aided by re-establishing a Science Commission in the Spanish Congress and Senate. An advisory Science Council with strong representation from the scientific community (on the German model, for example) should have a leading role in steering the reforms and advising on science policy.

    The second Open Letter for Science ended up taped to the closed gates of the Ministry of Economy and Competitiveness. The lukewarm reception of this document, backed by the Confederation of Spanish Scientific Societies, the Conference of University Chancellors, a wide range of grassroots scientific organization and the two major trade unions, was a powerful image of the indifference for science and for the research community of the government. This should never happen again. The government should go beyond photo-opportunities and make a real commitment to a sector that can help Spain to make its economy less vulnerable. Otherwise, our political leaders will be boycotting the future of our country.

     
     

    Farewell letter to the Spanish PM from a scientist who is packing her bags

    Amaya Moro-Martín - The Guardian

    Last week, the astrophysicist Amaya Moro-Martín published an open letter to the Spanish prime minister, attracting a great deal of attention and generating some 2,000 comments and 75,000 Facebook likes. Here is her letter in English

    Dear Prime Minister Mariano Rajoy,

    Taking advantage of the summer break, and to minimise the costs of my imminent transatlantic move, I'm clearing out my office at the Spanish National Research Council (CSIC) and I wanted to return to you a few documents that I will no longer need.

    First, the official certificate of having met the requirements of the Programme for the Promotion, Incorporation and Intensification of Research Activities (the I3 Programme). I appreciate the nice gesture from the Ministry of Economy and Competitiveness but I don't see how the concepts "promotion", "incorporation" and "intensification" make sense in the context of the current state of research in Spain (nor indeed the idea of "research activity", beyond a minimal level). Thanks anyway for officially confirming that I am capable of doing research; it is far better not to trust the feedback of the scientific community.

    I am also returning the official validation of my US PhD degree, along with the dozen documents that were necessary in order to process it. All the documents come with the Apostille certification under the Hague Convention, the signature of the State Governor, the official translation from English into Spanish, and the official certified copies signed by the Spanish Consul in New York. Also included are detailed descriptions of all the courses I took while working towards my PhD; I'm sure these were of great interest to both the Governor and the Consul. We're fortunate that Spain leads the crusade for academic degree validations – beyond our borders any academic degree from a reputable university is valid, a real scandal.

    The document that I have treasured the most, also included in this package, is the Official Bulletin of the State that describes my tenure-track contract under the Ramón y Cajal Programme. I have highlighted in yellow for you the paragraph that details the explicit commitment to open up a tenured position, subject to positive evaluations. It was this paragraph that prompted me to return after more than a decade in the US. I'm also returning to you another Official Bulletin of the State, the one that corresponds to the recently approved Law of Science, Technology and Innovation, which reaffirms that tenure commitment and which was introduced by your own party. I am placing these two documents inside a plastic bag because, as with other Official Bulletins of the State, they are written in soft chalk.

    I am also sending you the 700 pages of certificates and documents requested to certify the veracity of my curriculum vitae, which, due to the hiring freeze, I will no longer need. Collecting all this documentation was a tremendously satisfying research project. You should know that, with the many jobs that I have applied for outside Spain, the requested documentation is slightly briefer, approximately 10 pages: a research plan and a short curriculum vitae that does not need to be backed up with certificates, because the research community operates on an honour code (I am happy to explain this principle to you if you wish).

    You should know that I have never been able to apply for a faculty job in a Spanish university because I do not have the official accreditation from the National Agency for Quality Assessment and Accreditation (ANECA), an accreditation that can only be obtained if one has a previous link with a Spanish university. Strangely, neither Princeton University nor the University of California at Berkeley complained about the lack of such an accreditation when I was interviewed, years ago, for faculty positions at those institutions. Perhaps we should explore the relationship between permeability and excellence, now that we are so worried about the international rankings of Spanish universities?

    I'm also returning the letter that the "Spanish Foundation for Science and Technology" (FECYT) thoughtfully sent to my old email address at Princeton a few weeks ago. The goal of this missive was to promote the brand of Spain with a programme called "Spanish Science Abroad". Please let them know that I moved back to Spain five years ago – and when I emigrate shortly, the science I will do will no longer be Spanish, nor thanks to Spain; rather I will keep doing science in spite of Spain. So please tell them not to send the same letter to me at my new job at Nasa. These arduous efforts to locate Spanish researchers abroad could perhaps be invested instead in contacting the many researchers still in Spain, whose security in the country hangs in the balance. It might be helpful to assess the extent of the problem, analyse its causes and design a strategy to solve it.

    Excuse me? You don't know to which problem I am referring? The all-too-real Spanish brain drain, which your government consistently dismisses as just a cliché. I suggest a new euphemism to add to your government's already imaginative repertoire: restless labour.

    I know that you have copies (because we delivered them ourselves) but allow me to send you the CD with the 50,000 signatures in support of the first Open Letter for Science, and the 80,000 signatures of the second Open Letter. And let me add a modest suggestion: please make available at the gates of the Ministry for the Economy and Competitiveness (which were closed last 14 June when the largest demonstration of researchers in Spanish history arrived at the ministry that deals with science and scientists) a roll of sticky tape. That way we can tape our next Open Letter to the gates, as we had to do last June. Or maybe you could put up a cork board. I understand that, together, the tape and the cork board might exceed the national budget for R&D(*) so don't worry, we'll make do with one or the other.

    I am also returning copies of all the statements made by your government about how Spain is betting on R&D(*): I can only conclude that the bet was made in Eurovegas, and that we lost. I return all these statements in the same spirit in which they were received: I can't really accuse you for having lied to us, because you have not said anything, absolutely anything, on the topic. In any case I am sending you the contacts of the 156 national and international journalists whom I have thus far had the pleasure of talking to about your science policy – in case one day you decide to pronounce a word on the topic. We are all ears!

    In this bulky package I am also attaching my census certificate, and considering whether I should also give you back the passport of my nine-month old daughter. She has dual citizenship, but our future in Spain is so uncertain that I wonder if she will ever need the Spanish passport again. Here you are. I am sending them to you with a knot in my throat, the double knot of one facing emigration for the second time.

    Finally, in exchange for all these documents I'm giving you back, I make just one request: please give me back my dignity as a researcher. At the same time, if it is not too inconvenient, please give that dignity back to everyone in the research community in Spain, and please do not forget those in the Humanities.

    Mariano, during your administration, research in this country has sunk hopelessly into the abyss of the Mariana Trench. And even though our scientific colleagues have discovered that there is life down there, I should tell you that it is bacterial.

    Best regards

    A researcher

    (*) P.S.: R&D used to mean Research and Development.

     
     

    Despedida de una cientifica que esta haciendo las maletas

    Amaya Moro-Martín - El País

    Estimado Sr. Presidente,

    Aprovechando el periodo estival, y para minimizar los costes de mi próximo traslado trasatlántico, estoy haciendo limpieza de mi oficina en el CSIC y me gustaría devolverle algunos documentos que ya no voy a necesitar.

    Adjunto le devuelvo el certificado oficial de haber superado positivamente la evaluación del Programa I3, el Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora. Agradezco el detalle del Ministerio de Economía y Competitividad pero, en el contexto actual de la investigación en España, no entiendo los conceptos “incentivación”, “incorporación” e “intensificación” (tampoco el de “actividad investigadora”, más allá de la basal). Gracias de todos modos por comunicarme que soy “apta” para investigar; del feedback de la comunidad científica uno no se puede fiar.

    Así mismo le devuelvo la homologación española del título de doctor que obtuve en EEUU y la docena de documentos necesarios para su trámite. Todos los documentos vienen con la apostilla de la Haya y las consiguientes firmas del Gobernador del Estado, traducciones oficiales y copias compulsadas con las firmas del Cónsul español en Nueva York. Se incluyen las descripciones detalladas de todas las asignaturas cursadas, que resultaron de mucho interés tanto para el Gobernador como para el Cónsul. Afortunadamente España lidera la cruzada de las homologaciones. Fuera de nuestras fronteras cualquier título original vale, un verdadero escándalo.

    El documento que guardo con más cariño, y que también le devuelvo en este envío, es el BOE que describe mi contrato bajo el programa Ramón y Cajal. Subrayado en amarillo encontrará el párrafo donde se detalla el compromiso explícito de, superadas las evaluaciones pertinentes, convocar una plaza con el perfil del investigador contratado. Fue ese párrafo el que me hizo poner fin a más de una década en EEUU. También le devuelvo otro BOE, el de la Ley de la Ciencia, que reafirma ese compromiso de estabilización laboral, introducido precisamente por su grupo parlamentario en el Senado. Le envío esos documentos en una bolsa hermética, son puro papel mojado.

    Por el mismo conducto le envío las 700 páginas de certificados y documentos que tenía preparados para el día en que se convocara una plaza con mi perfil, algo que nunca ocurrió. Es la documentación requerida para acreditar la veracidad de mi currículum. Recopilar esa documentación fue una labor de investigación tremendamente gratificante. Sepa usted que en los muchos trabajos que he solicitado fuera de España la documentación requerida es algo más escueta, aproximadamente de 10 páginas: un plan de trabajo y un breve currículum, que no hay que justificar porque la comunidad científica opera con un código de honor. Si quiere un día se lo explico. Sepa usted también que nunca he podido presentarme a una oposición en una universidad española por no tener la acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, acreditación que, por otro lado, sólo se consigue si uno tiene una vinculación previa con una universidad española. Es curioso que ni la Universidad de Princeton ni la Universidad de California en Berkeley, donde hice hace unos años sendas entrevistas de trabajo para plazas de profesor, echaran en falta dicha certificación de aptitud. Quizá la permeabilidad tenga algo que ver con la excelencia, ahora que estamos tan preocupados por los rankings internacionales.

    También le devuelvo la carta que la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología tuvo el detalle de enviarme hace unas semanas a mi antigua dirección en la Universidad de Princeton. El objetivo de dicha misiva es realzar la “marca España” con un programa denominado “Ciencia Española en el Exterior”. Sepa usted que me trasladé a España hace cinco años y cuando emigre próximamente la ciencia que haga ya no será española, ni será gracias a España; seguiré haciendo ciencia a pesar de España. No se molesten en enviarme esa misma misiva a mi nuevo centro de trabajo en NASA. Ese esfuerzo ímprobo que han realizado ustedes para localizar a investigadores españoles en el extranjero, que ha llegado incluso a recopilar los viejos correos electrónicos de los que habíamos regresado hacía años, podrían canalizarlo en contactar con los investigadores que todavía están en España y cuya permanencia en el país pende de un hilo. Quizá sea interesante evaluar el alcance del problema, analizar las causas y diseñar una estrategia para buscar soluciones. ¿Cómo, que no sabe a qué problema me refiero? Al de la fuga de cerebros, esa realidad sangrante que su equipo describe como un “topicazo”. Les sugiero un nuevo eufemismo para su colección: inquietud laboral.

    Ya se que tiene usted copia porque la dejamos en el Registro de Entrada, pero permítame enviarle de nuevo el CD con las 50.000 firmas de la primera Carta Abierta por la Ciencia y otro con las 80.000 firmas de la segunda. Y una sugerencia: en la verja del Ministerio de Economía y Competitividad, cuyas puertas cerraron a cal y canto el pasado 14 de junio ante la llegada de la mayor manifestación de investigadores en la historia de España, tenga usted disponible, por favor, un rollo de celo. Lo digo para que podamos pegar en la verja la siguiente carta abierta por la ciencia, como pasó con nuestra última carta. O ponga usted un corcho. Entiendo que ambas cosas, el celo y el corcho, excedan el presupuesto de la I+D(*) en España; nos apañamos con uno u otro.

    También le devuelvo todas las afirmaciones que su equipo ha hecho de cómo España sigue apostando por la I+D(*). Deduzco que esa apuesta fue hecha en Eurovegas y perdimos. Le devuelvo esas afirmaciones con el mismo afecto con que las recibimos. En realidad usted personalmente no miente, porque no ha dicho nada, absolutamente nada al respecto. Pero aquí le envío los contactos de los 156 periodistas nacionales e internacionales con los que hasta ahora he tenido el placer de hablar sobre su política científica, por si algún día se decide a decirles algo sobre este asunto. Somos todo oídos.

    En este abultado envío también le adjunto mi certificado de empadronamiento y dudo si devolverle o no el pasaporte de mi hija de nueve meses; tiene doble nacionalidad pero nuestro futuro en España es tan incierto que me pregunto si volverá a necesitar el pasaporte español. Ahí le van. Se los envío con un nudo en la garganta, el nudo doble de los que se enfrentan a la emigración por segunda vez.

    Por último, y a cambio de todos estos documentos que le devuelvo, le pido tan sólo una cosa: devuélvame usted mi dignidad como investigadora, y en el mismo envío, si no le es mucha molestia, devuélvasela a toda la comunidad de investigadores en España, y no se olvide de los de humanidades.

    Mariano, durante su legislatura la investigación en este país se está hundiendo irremediablemente hacia el abismo de la fosa de las Marianas. Y si bien es cierto que nuestros colegas científicos han descubierto que hay vida allá abajo, sepa usted que es bacteriana.

    Un cordial saludo,

    Una investigadora.

    (*) P.S. I+D significaba Investigación y Desarrollo.

     
     

    Los ‘ninis’ de la ciencia

    Amaya Moro-Martín - El País

    Hace unos pocos días la prensa nacional recogía la noticia de que la universidad de Harvard había contratado a una investigadora española que trabajaba sin contrato en España. La noticia no es que esta estudiante de postgrado vaya a hacer una estancia de un año en Harvard. Estancias en universidades fuera de España son y deberían ser normales en la carrera científica. No es ésa la fuga de cerebros que repetidamente hemos denunciado. La noticia es que esta experta en biocomputación ha estado investigando en España durante un año y medio sin recibir un mísero salario por ello. ¿Su hobby? Estudiar los genes implicados en el autismo con el objetivo de encontrar fármacos que permitan tratar de forma temprana la enfermedad. Gratis total.

    La noticia debería ser que como ella hay muchos investigadores jóvenes en España. Son los ninis de la ciencia. Oficialmente ni estudian (porque ya han completado todos sus créditos universitarios de postgrado), ni trabajan (porque no tienen contrato). Pero extraoficialmente hacen ambas cosas: siguen estudiando (porque la labor de investigación así lo requiere) y trabajan. Y su trabajo no remunerado contribuye de manera muy importante a los resultados científicos de los grupos de investigación en los que están incorporados. Y su trabajo no remunerado puede aportar al futuro bienestar de nuestra sociedad. Gratis total.

    Es muy difícil estimar cuántos son porque al Gobierno no le interesa hacer esas estadísticas y son muy pocos los investigadores que se atreven a decir en la prensa que trabajan sin contrato. También son muy pocos los grupos de investigación que admiten públicamente que algunos de sus miembros están en esa situación. Tienen nombres y apellidos pero es una generación silenciosa y silenciada. ¿Por qué? Porque al no tener contrato su labor de investigación se realiza fuera del marco legal y temen represalias por parte de los centros, por parte de las universidades, por parte del ministerio. ¿Su pecado? Seguir investigando a pesar de los demoledores recortes en I+D, investigado como enfrentarse al autismo, o al alzheimer, o al cáncer, o al calentamiento global; investigando con células madre, o con nuevos materiales, o sobre el origen del universo o de la vida en la Tierra. Todo ello, gratis total.

    La política científica de este Gobierno ha dejado a estos jóvenes en el limbo. Probablemente muchos ni quiera estén apuntados al INEM porque están pendientes de convocatorias eternamente inminentes. En muchos casos sus salarios dependen de los proyectos del Plan Estatal, cuyos fondos deberían haber llegado a los grupos de investigación en diciembre de 2012 pero no lo han hecho hasta junio y julio de 2013. A esto hay que añadir las inmensas trabas burocráticas para formalizar un contrato, un proceso que puede llevar muchos meses. ¿Cuál es el impacto en los jóvenes investigadores? Un año pendiente, un año sin cobrar. Al año que viene nos enfrentamos a una situación similar, ya que los proyectos del Plan Estatal de 2013 ni si quiera han sido convocados y no serán resueltos durante este año. Los programas estatales de recursos humanos no han corrido mejor suerte.

    El Gobierno, a pesar de los nombres ilustres con que bautiza a estos programas (Juan de la Cierva, Torres Quevedo, Ramón y Cajal), no los está respetando, recortando el número de plazas y haciendo que sufran retrasos injustificados tanto en sus convocatorias como en sus resoluciones. El programa Juan de la Cierva tiene su lista de admitidos aprobada desde el 15 de abril pero todavía no ha salido publicada. Los investigadores solicitantes no saben a qué atenerse. Los retrasos acumulados en los programas de recursos humanos han resultado en un año entero sin convocatorias. ¿Cuál es el impacto en los jóvenes investigadores? Un año pendiente, un año sin cobrar.

    A menudo se pregunta cuánto le cuesta a la sociedad formar a esos jóvenes investigadores. La pregunta adecuada es cuánto le costará a la sociedad prescindir del tan necesitado relevo generacional en el sistema de I+D de este país; cuánto le costará a la sociedad prescindir de los avances científicos a los que estos investigadores podrían haber contribuido. Por el momento, muchos de estos jóvenes investigadores siguen contribuyendo de forma gratuita pero su situación es del todo insostenible y tanto su paciencia como sus recursos se agotan.

    Estos investigadores jóvenes no son una generación perdida. Muy al contrario, son una generación regalada y una generación que nos regala. Regalada porque muchos emigrarán a otros países, y que nos regala por el trabajo no remunerado de los que se quedan. A estos jóvenes investigadores en el limbo, a estos ángeles de la ciencia a quienes el Gobierno prefiere olvidar: gracias, gracias por contribuir a que, a pesar de la demoledora política científica del Gobierno, la actividad investigadora de este país no se paralice por completo.

     
     

    Tan inutil como sonhar

    Amaya Moro-Martín - El País

    La situación agónica del sistema nacional de I+D y, en particular, del mayor organismo público de investigación del país, habría provocado en los países de nuestro entorno una oleada de dimisiones, desde el ministro correspondiente por dejación de funciones, hasta los directores de centros de investigación como medida de presión. ¿Ciencia ficción? En absoluto. En el 2004, en el emblemático Hotel de Ville de París, invitados por el alcalde de la ciudad y auspiciados bajo el movimiento Sauvons la Recherche, los directores de centros del CNRS (el equivalente del CSIC en Francia) presentaron una carta de dimisión conjunta. Ante la presión, el Gobierno francés dio marcha atrás a los recortes. Sin embargo en nuestro país el verbo dimitir parece pertenecer a una cuarta conjugación. Es hora de aprender a conjugarlo si no queremos que de "investigar" quede solo el pretérito y la sección de Ciencia de este periódico pase a llamarse Pasado.

    Lejos de dimitir, la Secretaria de Estado de Investigación asegura que el CSIC está "lejos de una situación catastrófica". Nos dice que "hay un plan, está todo organizado". Y todos nos preguntamos si existe dicho plan o si se trata de otro parche. El plan existe y se está gestando al margen de la comunidad científica. Se encuentra resumido en la primera diapositiva de una presentación oficial del Ministerio de Economía y Competitividad. El título de la presentación: "Plan de Actuación 2013 del Plan Estatal de I+D+i". Su primera transparencia es reveladora. Una frase: "Una sola estrategia y un único plan". Y un esquema: abajo a la izquierda se lee "IDEA", arriba a la derecha se lee "MERCADO", y una enorme flecha unidireccional azul con las letras "recorrido completo" va de una a otra. Ese es el plan maestro. Ese es el ideario al que responden los drásticos recortes en el sistema público de I+D.

    El plan "idea-recorrido completo-mercado" es un error colosal en varios frentes. El concepto "recorrido completo" indica miopía y< cortoplacismo. La investigación científica es una carrera de fondo y sus frutos se recogen a largo plazo. Lo que ahora sembremos será lo que recojan nuestros hijos, o los hijos de nuestros hijos. Sus tiempos no responden al ciclo político.

    "Recorrido completo" también indica ignorancia. La historia ha demostrado una y mil veces que los descubrimientos científicos que dieron lugar a las nuevas tecnologías de las que ahora disfrutamos no tenían esas aplicaciones en mente. La física cuántica, que este año celebra su centenario, surgió del deseo de descifrar cuáles eran los componentes más básicos de la materia; la motivación era la curiosidad por entender. Sin embargo esta rama de la física ha permitido el desarrollo de tecnologías revolucionarias de las que ahora no podríamos prescindir. Ni las mentes más preclaras podrían diseñar a priori un "recorrido completo", mucho menos un grupo de asesores del Ministerio de Economía.

    Erróneo es también el uso de la palabra "mercado". No todos los descubrimientos científicos útiles para la sociedad cotizan en el mercado de valores. La palabra "mercado" delata la verdadera intención: el beneficio de unos pocos a costa de la inversión de toda la sociedad. Pero al margen de la palabra mercado, nadie duda que es fundamental que la investigación científica afronte los retos a los que se enfrenta la sociedad, pero esta es sólo una rama baja con frutos, una rama que se alimenta de un intrincado árbol. Y si se corta el árbol, la rama se muere. Cosecharemos esta vez pero no la temporada que viene, porque los retos cambian y si el árbol muere perderemos la capacidad de afrontarlos.

    Este nuevo planteamiento "idea-recorrido completo-mercado" está teniendo una repercusión inmediata. El 22 de julio los investigadores recibieron un mensaje desde la Secretaría de Estado de Investigación anunciando, una vez más, la inminente apertura de la convocatoria del Programa Estatal de I+D. A la preocupación del efecto que pueda tener que, de querer resolver la convocatoria antes de fin de año, los evaluadores cuenten con tan solo tres meses (comparado a los seis meses de las convocatorias anteriores) hay que añadir otra: la dotación para los llamados proyectos de investigación fundamental no orientada ha sufrido un inesperado de recorte, pasando de 325 millones de euros a 88.5 millones de euros.

    A la insensatez del planteamiento "idea-recorrido completo-mercado" hay que añadir la insensatez de los tiempos. Pretender imponer un cambio tan radical de un año para otro va a provocar un daño irreparable en el potencial investigador de este país, un daño de consecuencias insospechadas.

    La ciencia es como el sueño: vital para poder procesar toda la información que recibimos, para poder darle sentido a la realidad. También en sentido figurado, imprescindible para expandir nuestros horizontes y abrir nuevos caminos. No les dejemos que nos impidan soñar.

     
     

    From the diary of a Spanish 21st century emigrant.

    Amaya Moro-Martín - Schiller Institute

    I am crossing the Sonoran and Mohave deserts of the Southwestern US. Their native inhabitants live in indian reservations, confined to regions with limited natural resources. A fictitious independence allows them to modify some laws so that casinos and the sell of tobacco -activities strongly regulated in the rest of the US- are the basis of their precarious economy. I think of Eurovegas, the macro complex of casinos and golf courses that Las Vegas Sands wants to build near Madrid. To please that corporation, the Spanish government plans to undermine immigrant and labor laws, modify tobacco regulations and offer generous tax breaks. I think of the biology PhD, former employee of the Spanish National Research Council, to whom the Bureau of Labor in Spain recently assigned a course to become a croupier. How ironic that the destiny of the people of this land, that once belong to New Spain, and our destiny, that of the old Spain, may end up converging in a slot machine.

    My daughter sleeps in the car seat next to me. We have been traveling since she was ten weeks. By the time we go back to Spain she will have spent half of her life traveling. These trips are not for pleasure. I am a scientist and I am looking for a job. I work at the Spanish National Research Council and my supposedly “tenure-track” contract ends in few months. There are thousands of researchers like me. But we are invisible. The recent words of the Spanish ruling-party congressman in charge of R&D still resonate in my head: “there is no brain drain, it is no more than an unjustified cliché.” I am thinking about the last of our many meetings at the Spanish Congress with him and the “young” scientists who were present. Diego just moved to Australia. Andy has an offer in Brazil. I am applying for jobs in North America. It would not be the first time I leave my country. I lived in the US for eleven years but this time my departure would not be triggered by curiosity. I am running away. I think about giving this congressman a call from the next gas station; no, better from the next roadside casino. The Spanish National Research Council just lost 1,208 science jobs in the last 15 months -205 in January and February 2013- and the only measure adopted by the Spanish government to stop this brain drain is to offer them courses to become croupiers. This is no brain drain, it is a brain annihilation.

    There are too many scientists and not enough croupiers. In a June 2012 letter to Nature, the Spanish Secretary of State stated that “the Spanish R&D system is not large enough to justify paying as many researchers as it currently does”. Retiring scientists are not being replaced and the number of new science permanent positions released (at all levels, and for all research centers in Spain) has been slashed steadily from 681 in 2007 to 15 in 2013. But the latest indicators available (corresponding to 2009) show that in Spain the percentage of the active population working in R&D is 9.6 (per thousand), below the EU-27 average (10.4 per thousand) and far from leading EU countries like Germany (12.7 per thousand), Sweden (15.4 per thousand) and Finland (20.8 per thousand).

    But their denial goes beyond the brain drain. In a January 2013 letter from the Spanish Presidency we were reassured that the Spanish government is “firmly convinced of the importance of research and innovation in the economical and social development of Spain” (...) and that “despite current difficulties, a considerable effort has been made to maintain the investment in R&D, trusting the potential of our researchers (...)”. Luis de Guindos, the Minister of Economy, now in charge of R&D after the Ministry of Science was dismantled by the new government, went even further affirming that the R&D budget was not only maintained but it was increased by 5% in 2013. Compared to the preceding year, R&D spending has been slashed by 14.5% (2010), 5.1% (2011), 22.2% (2012) and 13.7% (2013), accumulating a loss of approximately 40% since 2009. Where he is getting that 5% increase for 2013 is a mystery. Interestingly, he was a top official of Lehman Brothers at the time it went bankrupt. To pretend that research can survive the standstill imposed by these drastic budget cuts is like asking someone to stop breathing for an hour. In spite of all this, policy makers keep talking about the need to shift to a knowledge-based economy. Pure rhetoric. At best we will achieve a borrowed-knowledge economy with little domestic know-how. They are shredding our children’s future into casino chips. Literarily. The tax breaks under considerations for Las Vegas Sands may be of the order of the entire yearly budget for R&D grants.

    This negation of reality is the context of the newly approved Spanish Strategy for Science, Technology and Innovation, a document does not mention the drastic budget cuts in R&D of the last few years, makes no assessment of their impact and does not suggest any measures to stop the brain annihilation. It does not even specify the human and financial resources that will be available for R&D in the short and medium -term. The document tell us an old fairy tale: to reach a R&D investment of 2% of GDP in 2020, ignoring that 2% was the government’s goal for 2010, that the European Commission agreed on 3%, and that the average in the EU-27 today is just over 2%. In other words, cheerfully delaying the convergence with Europe by more than a decade.

    But this so-called Strategy is much more than uninformed wishful thinking. Maybe following directives from the Chicago School of Economics, it establishes the transfer of resources from basic research in the public sector to innovation in the private sector. Which private sector? The one that did not invest in R&D even when the economy was booming? And how would they innovate? Basic research constitutes the building blocks of all scientific progress and this magical word, innovation, will go nowhere without the scientific progress achieved by the public sector. And more fundamentally, the Spanish government should take into consideration what is valued by our society, not only by the stock market. How to put a price tag to the search for life in other planets or to the cure of a rare illness?

    Another buzz word is excellence. Scarce resources, the government asserts, will make excellence flourish, as if research followed the Darwinian rule of survival of the fittest. But like evolution research is not predictable. By whom and using what standards can excellence be identified? Would they have foreseen the impact of the serendipitous discovery of penicillin? As species, research will not be able to flourish in a rapidly changing environment without a diversified portfolio, in particularly, when the best trained “young” scientists—in their late 30s and 40s—are leaving the country (or becoming croupiers).

    We have put a science lobby together representing the entire scientific community, including the confederation of scientific societies, the conference of Spanish university chancellors, the two major trade unions and the federation of young researchers. Has the government listened to our warnings regarding the irreversible dismantling of a research system that has taken four decades to build? Absolutely not.

    My baby daughter is waking up. I raise my eyes from the laptop and I see a desolate landscape. A billboard announces a nearby casino.

     
     

    Uninformed wishful thinking as R&D policy shunts public research support

    Amaya Moro-Martín - Euroscientist

    “Reason for your visit?” – the immigration officer asks sharply. “I’m looking for a job. I’m coming for some interviews”. “But you used to live here…” he points out, looking carefully at an expired visa. “For more than a decade” I answer. He looks at the front page of my worn-out passport. “Spain…things are not good over there, are they?” I nod. “Good luck,” he says, letting us go through. “Do you want to live here?” I whisper to my 12-week old baby as we cross the passport control. This is her third transatlantic trip in ten days. By the time we get back she will have spent half of her life traveling. There are thousands of other scientists like me.

    I put away our passports. The recent words of the Spanish ruling-party congressman in charge of R&D, Alejandro Fernández, still resonate in my head: “there is no brain drain, it is no more than an unjustified cliché.” I am thinking about our last meeting in the Spanish Congress (Congreso de los Diputados) with him and the young scientists who were present. Diego just moved to Australia. Andy has an offer in Brazil. I am applying for jobs in North America. I think about giving this congressman a call…right now, from the airport. Spanish politicians are systematically deluding themselves in thinking that the number of Spanish scientists that leave the country is balanced by the number of foreigners that arrive. I doubt they are keeping track. And if they are, they must be counting the tourists.

    Furthermore, they insist that spending some time abroad is good for us, as if we are recent PhD graduates. The Spanish National Research Council (CSIC) where I have a “tenure-track” fellowship just lost 1,208 science jobs in the last 15 months, 205 in January-February 2013 alone. This is no brain drain, it is a brain annihilation. But their denial does not stop here: Luis de Guindos, the Minister of Economy—now in charge of R&D, after the Ministry of Science was dismantled by the new government—recently said that the R&D budget was increased by 5% in 2013. In reality, the R&D spending was slashed by 13.7% this year, with an accumulated loss of almost 40% since 2009—that’s without counting the loss in real terms incorporating inflation, or the money that may not be spent due to sequestration (the feared “no disponibilidad”). Where that 5% is coming from is a mystery. Interestingly, he was the director of Lehman Brothers in Spain at the time it went bankrupt.

    To the rescue, comes the recently approved Strategy for Science, Technology and Innovation, written from a parallel universe that has little to do with our reality. This document does not mention the drastic budget cuts in R&D of the last few years and makes no assessment of their impact. And, needless to say, it does not suggest any measures to stop the brain annihilation. What can we make of a so-called Strategy that does not specify the human and financial resources that will be available for R&D in the short and medium -term? In reality, it does tell us an old fairy tale: the plan is to reach a R&D investment of 2% of GDP by 2020. This completely ignores the fact that 2% was the government’s R&D investment target for 2010 and that the European Commission provides on a 3% target. The average spent in R&D in the EU 27 today is just over 2%. This Strategy is therefore likely to delay the convergence of Spanish research with European standards by more than a decade.

    But this document is much more than uninformed wishful thinking. It seems to be following directives from the Chicago School of Economics. The Strategy establishes the transfer of resources from basic research in the public sector to innovation in the private sector. Which private sector? Are policy makers referring to the very same private sector that did not invest in R&D even when the economy was booming? Basic research constitutes the building blocks of all scientific progress and this magical word, innovation, will go nowhere without the scientific progress achieved by the public sector. Another buzz word is excellence. Scarce resources, they assert, will make excellence flourish, as if research followed the Darwinian rule of survival of the fittest. Research is not predictable and without a diversified portfolio it will not be able to flourish in a rapidly changing environment. Particularly, when the best trained “young” scientists—in their late 30s and 40s—are leaving the country.

    Shortly after the Strategy was approved we received more news. After a one-year delay, the decree on the national three-year research grants appeared in the Official State Bulletin (BOE). This is the main source of funding for Spanish scientists. Without warning, the grants had been drastically reduced with respect to what had been previously announced. Grants will only receive 7% of their approved budget on the first year, making the hiring of graduate students, postdocs and lab assistants impossible. As if this were not enough, since late last year the Ministry of the Treasury has been blocking the transfer of all funds to research groups working at public universities belonging to administrative regions not fulfilling drastic deficit reduction targets. Needless to say, research groups of excellence are not being spared.

    Looking at the endless line of bags coming out onto the luggage carousel, I wonder how many of those belong to scientists fleeing from Southern Europe. And how long before a common science policy is established in the EU, implementing without fail the percentage of GDP that should be invested in R&D, which until now have been a mere recommendation. The European Commission is aware that R&D investment and GDP growth are highly correlated. They should act accordingly and they should act fast.

     
     

    Buscando trabajo de cientifica en EE UU

    Amaya Moro-Martín - El País

    Estoy atravesando los desiertos de Sonora y Mojave, en el sudoeste americano. Sus habitantes nativos viven en reservas indias, confinadas a regiones con pocos recursos naturales. Una independencia ficticia les permite modificar algunas leyes, haciendo que los casinos y la venta de tabaco, actividades ilegales o fuertemente reguladas en el resto de EE UU, sean la base de su precaria economía. Pienso en Eurovegas. Pienso en esa doctora en biología con amplia experiencia internacional a quien el INEM sugiere un curso de crupier. Es irónico que el destino de los habitantes de estas tierras, pertenecientes a la otrora Nueva España, y nuestro destino, el de la vieja España, converjan de esta manera, en unas tragaperras.

    Mi hija duerme en el asiento de al lado. Llevamos viajando desde que ella tenía 10 semanas. Para cuando regresemos a España habrá pasado, literalmente, la mitad de su vida de viaje. No son viajes de placer. Soy científica y estoy empleando mi baja maternal y de lactancia para buscar trabajo. Trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y mi contrato Ramón y Cajal se acaba el próximo otoño. Como yo hay miles de investigadores españoles. Sin embargo desde el Gobierno se niega sistemáticamente la existencia de una fuga de cerebros. Hace unas semanas el portavoz de I+D del PP en el Congreso, Alejandro Fernández, argumentaba que la fuga de cerebros es un “topicazo” y que igual que se van científicos de España llegan otros extranjeros. Ha de referirse a los que vienen de turismo.

    Pienso en la última reunión que tuvimos con él en Congreso hace unos meses y en los tres científicos jóvenes que estábamos presentes: uno ha emigrado a Australia; otro tiene una oferta en Brasil; yo estoy solicitando trabajos en Norteamérica y Europa. Me dan ganas de llamarle desde la próxima gasolinera; no, mejor desde el próximo casino: “¿Un topicazo?”. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha perdido 1.208 puestos de investigación en los últimos 15 meses (205 en enero y febrero del 2013) y lo único que hace el Gobierno para evitar que estos científicos emigren es ofrecerles cursos de crupier. No gracias.

    No sólo se niega la evidente fuga de investigadores si no también el recorte al presupuesto en I+D. Mientras que Luis De Guindos, bajo cuyo ministerio languidece la ciencia, insiste en que el presupuesto de I+D se ha incrementado un 5% en el 2013, la I+D sufre un recorte del gasto de un 13.7% este año, acumulando una reducción del 40% desde el 2009. De dónde saca el ministro ese 5% de incremento es un misterio. O no. No en vano era un alto cargo de Lehman Brothers cuando quebró en el 2008.

    Pero esta negación sistemática de la realidad va más allá de simples declaraciones, siendo el contexto de la nueva Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este documento, recientemente aprobado, ni analiza ni trata de mitigar el impacto de la fuga de cerebros y el drástico recorte presupuestario. Tampoco especifica los recursos humanos y financieros con los que contará la I+D en los próximos años. Sí hace una promesa: alcanzar una inversión en I+D de un 2% del PIB en el 2020, es decir, retrasar la convergencia con Europa en más de una década (ya que un 2% era el objetivo para el 2010 y es la media actual en la UE-27).

    Pero esta mal llamada Estrategia va más allá de ser una recopilación de buenos (y viejos) deseos. Quizá siguiendo directrices de la Escuela de Economía de Chicago, la Estrategia establece la transferencia de fondos desde la investigación básica en el sector público a la innovación en el sector privado, cometiendo un triple error. Primero, el sector privado no va a invertir en I+D de la noche a la mañana, cuando ni si quiera lo hizo en los años en que la economía era boyante. Segundo, la innovación no puede prosperar sin apoyarse en los resultados científicos de la investigación básica. Y tercero, el Gobierno debería tener en cuenta qué valora nuestra sociedad, no el mercado de valores. Una sociedad que se precie no sólo ha de valorar aquellas investigaciones que derivan en un beneficio financiero. ¿Cómo poner precio al conocimiento de si hay vida en otros planetas o a la cura de una enfermedad rara?

    Otra palabra que se repite mucho es la excelencia. El Gobierno defiende que los recursos limitados ayudarán a la excelencia a florecer, como si la investigación siguiera la regla de supervivencia del más fuerte. Si quieren seguir esa analogía darwiniana han de recordar que la investigación, como la evolución, no es predecible (¿cómo y quién elige a los excelentes?) y no podrá prosperar en un ambiente rápidamente cambiante sin un portfolio diversificado, en particular cuando los investigadores jóvenes mejor formados están emigrando a otros países.

    Por si la comunidad científica no tuviera suficiente con un 40% de recorte y una Estrategia de cara al futuro que muy pocos comparten, nos enfrentamos también a unas reglas del juego cambiantes que merman aún más la credibilidad de la política científica del Gobierno. Después de un retraso de casi un año, el BOE publicó recientemente la resolución de los proyectos de investigación del Plan Nacional, la principal fuente de financiación de la ciencia básica en España. Los científicos atónitos se encontraron con que el presupuesto de sus proyectos previamente aprobados se había reducido sin previo aviso, incumpliendo las normas establecidas en la propia convocatoria. Según el BOE, cada proyecto recibirá tan sólo un 7% de su presupuesto aprobado durante el primer año, lo que imposibilita la contratación de investigadores, estudiantes de doctorado y personal técnico. Esto supone la paralización de los proyectos de investigación. Pretender que en unos años se puedan retomar estos proyectos donde se dejaron es ilusorio, es como pedirle a alguien que deje de respirar por una hora.

    Levanto los ojos de mi portátil y veo un paisaje desolado. Un cartel anuncia un casino próximo.

     
     

    La I+D, un anio despues

    Amaya Moro-Martín - El País

    El balance en el sector de la I+D en el primer año de legislatura evoca la imagen del Titanic hundiéndose mientras toca la orquesta. Su música repetitiva es la de la “excelencia”, de compás incoherente, que trata de hacernos ver lo que no puede existir donde hay falta de recursos. En el atril del director yace una Ley de la Ciencia (poco innovadora) polvorienta por falta de uso. Junto a ella, escritas en papel reciclado de un ministerio ajeno, languidecen varias aprobaciones para la creación de una Agencia Estatal para la Investigación a coste cero. A pesar de todo el director de la orquesta sonríe, orgulloso de una nueva partitura llamada Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyos acordes poco tienen que ver con la realidad actual y están escritos en un lenguaje extraño que se olvida de las notas que estructuran el todo en I+D: las de la investigación básica. El barco ya venía tocado: durante 2011 la inversión en I+D cayó del 1.39% al 1.33% del PIB, frente a la media del 2.03% en los 27 países de la UE, alejándonos cada vez más del objetivo del Consejo Europeo del 3%.

    Los pasajeros del barco, conscientes de la situación, encuentran muy difícil bailar al son. Sus temores no son infundados: este año se han aprobado dos presupuestos extremadamente preocupantes que recortan más y más la inversión en I+D, que ya acumula (en operaciones no financieras) una reducción de un 41% desde 2009. Y por encima de este recorte sobrevuela la amenaza de la “no disponibilidad presupuestaria”, una maniobra de meter más la tijera de manera silenciosa pero certera. Todo esto afecta directamente a la dotación de los principales botes salvavidas del sistema de I+D: los fondos competitivos del Plan Nacional. Para el año que viene existen serias dudas acerca de si saldrá una nueva convocatoria plurianual de proyectos de investigación y, si sale, de que haya suficientes recursos para financiar nuevos proyectos (ya que se han de cumplir con las segundas y terceras cuotas de los aprobados en años anteriores).

    Nuestros buques insignia están muy debilitados. En este último año tanto el CSIC como las universidades se han visto obligados a pagar gastos corrientes con cargo a fondos de proyectos finalistas. Los nuevos recortes presupuestarios van a impedir que esta situación del todo irregular se normalice. En el CSIC se teme la formalización de un ERE para poder salir al paso de su insostenible situación económica. Tanto la nueva reforma laboral como el recorte planeado para el 2013 y el acumulado hasta ahora dejan abierta esa posibilidad legal. Los grupos de investigación en las universidades están también en apuros, por una parte por las dificultades presupuestarias derivadas de los recortes en las comunidades autónomas, y por otra porque el incumplimiento de los objetivos de déficit de éstas está impidiendo, por el veto del Ministerio de Hacienda, la transferencia de recursos procedentes del Plan Nacional.

    Algunos pasajeros ya han sido lanzados por la borda, empujados por una tasa de reposición ínfima, el incumplimiento de promesas escritas de estabilización laboral (programa Ramón y Cajal), el retraso de convocatorias que truncan carreras científicas (programas Juan de la Cierva, Ramón y Cajal y Torres Quevedo) y la reducción continuada del número de becas de formación (FPI y FPU, que no sólo se reducen sino que, a día de hoy, su concesión está paralizada). Otros, mientras tanto, esperan aferrados a las barandillas de cubierta con la vista fija en el Horizonte 2020 de Europa, desde donde se espera que llegue nuestro rescate. Pero ese horizonte también aparece tormentoso porque algunos estados miembros están defendiendo esta misma semana importantes recortes que, de llevarse a cabo, afectarían directamente al European Research Council (ERC) y su futura capacidad para financiar incluso a nuestros mejores proyectos.

    Este es el balance de la I+D en el último año. Pero existe un aspecto positivo y es que, por primera vez, la comunidad científica se ha unido para impedir el deterioro irreversible de un sistema de ciencia y tecnología que ha llevado cuatro décadas construir. El objetivo no es defender el status quo sino construir un sistema de investigación competitivo sobre la idea de que la I+D no es accesoria, sino un motor del cambio económico necesario para salir de la crisis. Pero para ello se necesitan recursos y maximizar los logros que se han obtenido hasta ahora, incluyendo nuestras generaciones de científicos mejor preparadas.

    Entre todos tenemos que lograr que nuestros responsables políticos no sacrifiquen la I+D en el altar de la crisis para mayor gloria del control del déficit (sobre el que no tiene impacto) siguiendo una estrategia de tierra quemada... tierra que precisamente es la más productiva a largo plazo y la que nos da esperanzas de futuro.

     
     

    Puntualizaciones a Carmen Vela sobre el “adelgazamiento” de la ciencia en Espana

    Amaya Moro-Martín - El País

    Según datos del Ministerio de Economía y Competitividad, el porcentaje de la población activa dedicado a I+D en España (9,6%) está por debajo de la media de la UE-27 (10,4%). El Gobierno inquieta a la ciencia al anunciar un "adelgazamiento"

    En respuesta a la reciente carta publicada en Nature por la Secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela, es importante hacer las siguientes puntualizaciones. La I+D en España no ha estado sobrefinanciada. En el 2011 se le destinó un 1,35% del PIB, por debajo de la media de la UE-27 (2,3%) y muy lejos del objetivo del 3% del Consejo Europeo, alcanzado ya por algunos los países de nuestro entorno. No se justifica por tanto que los recortes sufridos por la I+D en el 2012 (22.2% en operaciones no financieras) sean mayores que la media del resto de las administraciones públicas (15.5%), con el agravante de que en I+D los recortes acumulados desde el 2009 alcanzan un 36.8%. Lejos de recortar, Alemania, abanderada de la austeridad, ha incrementado su presupuesto en I+D desde 2005 en un 54%. ¿Por qué? Porque existe una relación directa entre los recursos destinados a I+D y el crecimiento del producto interior bruto. Es por ello que la Comisión Europea considera que un aumento de la inversión en I+D es parte de la solución para salir de la crisis económica y repetidamente ha criticado los recortes que en España se están haciendo en este sector porque aleja al país de una posible vía de crecimiento.

    No ha sido el crecimiento rápido del sector de la I+D lo que ha llevado a una duplicación innecesaria de centros y a una gestión ineficiente de recursos, ha sido la existencia, no de un sistema nacional de I+D, sino de 17+1, en un escenario en que la coordinación, lejos de seguir un criterio científico, se ha limitado a relaciones puntuales bilaterales con frecuencia de tinte político. Responsable también ha sido la gran inercia del sistema administrativo, con trabas burocráticas innecesarias y muy reticente una la flexibilización de la contratación en I+D que, lejos de precarizarla, la haga competitiva con los países de nuestro entorno.

    El adelgazamiento del sistema de I+D, tanto en recursos económicos como humanos, no es ni mucho menos una condición necesaria para fortalecerlo, por el contrario puede causar un daño irreparable. Lo que es necesario es flexibilizarlo, modernizarlo, internacionalizarlo, hacerlo más trasparente, buscando la coordinación real entre los 17+1 sistemas de I+D y potenciando la excelencia con la participación, por ejemplo, de evaluadores internacionales. La comunidad científica no sólo no se opone a una reestructuración sino que la espera como agua de mayo y desea que la futura Agencia Estatal de Investigación, cuya creación es urgente desbloquear, catalice estos cambios.

    En su carta, la Secretaria de Estado de Investigación dice que es necesario “mejorar la calidad de los contratos reduciendo su número”. Esta frase se refiere a las nuevas convocatorias tipo Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y Torres Quevedo y obedece a un deseo de ajustar el número de estos contratos a las posibilidades reales de absorción del sistema de I+D en el contexto actual. El problema es que el contexto actual nos puede llevar a una situación insostenible. Desde el Ejecutivo y el Legislativo se nos dice que la I+D, como mucho, puede aspirar a una tasa de reposición de un 10%, lo cual implica una reducción continua del número de investigadores tanto en los Organismos Públicos de Investigación (OPI) como en universidades (en el CSIC, por ejemplo, la edad media de los investigadores es de 58 años).

    Pero lo cierto es que no nos sobran investigadores. En los últimos indicadores publicados por el Ministerio de Economía y Competitividad (correspondientes al 2009) el porcentaje de la población activa dedicado a I+D en España (9,6 por mil) está por debajo de la media de la UE-27 (10,4 por mil) y lejos de países punteros como Alemania (12,7 por mil), Suecia (15,4 por mil) y Finlandia (20,8 por mil).

    La tasa de reposición de un 10% no corresponde ni mucho menos a un estudio detallado de cuáles son las necesidades del sistema de I+D para hacerlo más competitivo y alcanzar, por ejemplo, un mayor retorno europeo. El 10% no es más que una tabla rasa similar a la impuesta en otros sectores, es un número aleatorio establecido por el Ministerio de Hacienda que no sólo no va a fortalecer al sistema de I+D sino que va a provocar la fuga de investigadores muy cualificados. Además, es importante destacar que esta tasa de reposición sólo corresponde a investigadores con grado de doctor, dejando de lado a personal técnico necesario para el correcto funcionamiento del sistema.

    Es imprescindible que, ahora que todavía hay tiempo, se reconsideren los recortes en I+D y la tasa de reposición de investigadores y personal técnico en organismos públicos de investigación y universidades: un adelgazamiento, tanto de recursos económicos como humanos, lejos de ser una solución, va a privar al país de un sector que ayudaría a cambiar su modelo productivo.

     
     

    CARTA ABIERTA POR LA CIENCIA EN ESPANA

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    Investigación Digna

    Esta Carta Abierta ha sido consensuada por la Confederación de Sociedades Científicas de España, CCOO (I+D+i), la Federación de Jóvenes Investigadores y la plataforma Investigación Digna. Será entregada, junto con los nombres de los firmantes, al Presidente del Gobierno español y a los miembros del Congreso y el Senado.

    En las próximas semanas, y a pesar de la recomendación de la Comisión Europea de que los recortes para controlar el déficit público no afecten la inversión en I+D+i, el Gobierno y las Cortes Generales de España podrían aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que dañarían a corto y largo plazo al ya muy debilitado sistema de investigación español y contribuirían a su colapso. Esto implicaría el mantenimiento de un modelo económico obsoleto que ya no es competitivo y que es especialmente vulnerable a todo tipo de contingencias económicas y políticas. Ante esta situación, solicitamos a los responsables políticos:

    • Evitar que se lleve a cabo una nueva reducción de la inversión en I+D+i. En los últimos años, la financiación en I+D+i (capítulo 46 de los Presupuestos Generales del Estado) se ha visto recortada en un 4,2% en el 2010, un 7,38% en el 2011 y se baraja una reducción de un 8,65% en el 2012 (donde los porcentajes se refieren al recorte con respecto al año anterior). De ratificarse el recorte barajado para el 2012, en los últimos años los Organismos Públicos de Investigación habrán sufrido una reducción acumulada del 30% de la dotación procedente de estos presupuestos. La financiación en I+D+i en el 2010 fue un 1,39% del PIB, sin embargo se estima que para el 2011 será de menos del un 1,35%. A medio plazo es crítico alcanzar la media de la UE-27 del 2,3% y converger hacia el objetivo del 3% del Consejo Europeo.
    • Que se incluya la I+D entre los "sectores prioritarios" permitiendo una Oferta de Empleo Público y posibilidades de contratación en organismos públicos de investigación, universidades y centros tecnológicos. Esto evitaría una fuga de científicos y personal investigador de la que el país tardaría décadas en recuperarse.

    “El modelo productivo español (...) se ha agotado, con lo que es necesario impulsar un cambio a través de la apuesta por la investigación y la innovación como medios para conseguir una economía basada en el conocimiento que permita garantizar un crecimiento más equilibrado, diversificado y sostenible.” Estas palabras, extraídas del Preámbulo de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, fueron aprobadas en Mayo del 2011 por el 99% de los miembros del Congreso y Senado español, constituyendo un Pacto de Estado tácito sobre la necesidad de priorizar la I+D. El diagnóstico es inequívoco y la solución ha sido identificada. Ahora sólo falta que los líderes políticos estén a la altura de sus responsabilidades y cumplan con su palabra. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por las Cortes Generales y el Gobierno español en las próximas semanas es el momento de demostrar ese compromiso.

    Unos presupuestos con recortes en I+D+i, como los que se están barajando actualmente, dañarían gravemente y a largo plazo al ya muy debilitado sistema de investigación en España, tanto su infraestructura como especialmente su capital humano. Esto supondría una pérdida de competitividad y así ha sido reconocido por el Consejo Europeo. En el memorandum del 2 de Marzo 2012, “El Consejo Europeo confirma la investigación y la innovación como motores del crecimiento y el empleo (...). Los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE han enfatizado hoy (...) que la estrategia europea de crecimiento y su respuesta integral al reto actual (...) requiere un impulso de la innovación, la investigación y el desarrollo, (....) componentes vitales de la futura competitividad y desarrollo de Europa” (MEMO/12/153). Por ello que urgimos a los responsables políticos españoles a que tengan en cuenta las siguientes consideraciones.

    Recursos Humanos en I+D

    El Real Decreto-ley 20/2011 de Medidas urgentes para la corrección del Déficit Público (BOE-A-2011-20638, 31 de diciembre del 2011, Art. 3) establece que “la contratación de personal (...) se restringirán a los sectores (...) que se consideren prioritarios”. “Durante el año 2012 serán objeto de amortización (...), un número equivalente de plazas al de las jubilaciones que se produzcan, (...) salvo en los sectores (...) que se consideren prioritarios.”

    El preámbulo citado de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación establece el carácter prioritario de la I+D+i. Por tanto, el Real Decreto-ley 20/2011 permite reactivar el empleo público en I+D, indispensable para fortalecer las instituciones de investigación. Durante los últimos tres años, la Oferta de Empleo Público ha castigado muy duramente a estas instituciones, que han sufrido una drástica reducción en el número de nuevas plazas. Para conjunto de todos los Organismos Públicos de Investigación y CSIC, e incluyendo todos los niveles investigadores (desde personal de laboratorio hasta profesores de investigación), el número total de nuevas plazas ha sido de 681, 589, 106, 50 y 55, para los años 2007, 2008, 2009, 2010 and 2011, respectivamente. La intención del Gobierno es ofrecer cero plazas en el 2012. La situación es insostenible: el conjunto de todos los organismos públicos de investigación (OPIs) agrupa a unos 140 centros con una edad media de 50-55 años, llegando hasta los 58 años en el CSIC. La plantilla fija de los centros de investigación se está reduciendo aceleradamente porque durante los últimos años las plazas que quedan libres por jubilaciones no se reponen. Mientras, el resto de la plantilla queda relegada, en el mejor de los casos, a una concatenación de contratos de corta duración. El resultado es una importante pérdida de competitividad porque formar equipos y captar financiación requiere un grado de estabilidad que un gran número de investigadores en su pico de productividad aun no poseen, ya sea dentro del modelo funcionarial actual o de contratación laboral. De hecho, es urgente flexibilizar la contratación en investigación para permitir una planificación de recursos humanos que haga viable los planes estratégicos. De lo contrario, nunca se alcanzarán los objetivos marcados y el abandono de líneas de investigación supondrá una importante pérdida de inversión. Por ejemplo, CSIC, el mayor OPI con 133 centros, ha recibido durante los años 2010 y 2011 menos de un 20% de las necesidades mínimas de personal investigador establecidas en su plan estratégico (Plan de Actuación 2010-2014). El resto de los OPIs están en una situación similar o incluso peor.

    La falta de estabilidad en la política de recursos humanos del sistema nacional de I+D daña su credibilidad y mina la competitividad. El Programa Ramón y Cajal es un buen ejemplo de ello (pero no es el único). A nivel nacional, este programa es el buque insignia del sistema de investigación en España en términos de recursos humanos. Vio la luz en el 2001 con una visión de futuro cuyo compromiso es, y siempre ha sido, ofrecer la posibilidad de estabilización de los investigadores que hayan superado las dos evaluaciones establecidas durante un “periodo de prueba” de 5 años (en el segundo y en el cuarto año): es el “tenure-track” español. Sin embargo, solo un 37% de los investigadores de la convocatoria del 2006 que han superado las evaluaciones establecidas en el programa ha logrado estabilizarse, siendo este porcentaje significativamente más reducido para los investigadores de la convocatoria del 2007 cuyos contratos empiezan a finalizar en los próximos meses. De media, los investigadores que han acabado o están a punto de acabar sus contratos y han superado satisfactoriamente las evaluaciones, tienen 42 años de edad, 17 de los cuales han sido dedicados a la investigación, lideran sus grupos de trabajo, tienen una extensa experiencia en el extranjero y participan en una amplia red de colaboradores internacionales. Existen otros muchos investigadores de perfil similar que se encuentran en la misma situación. Es urgente que el sistema de investigación español cumpla los compromisos de su tenure-track actual y se modifique para permitir una planificación de recursos humanos que haga viable esta figura (el nuevo contrato de acceso en la Ley de la Ciencia dista mucho de ser un tenure-track).

    Las características de la labor de investigación exigen décadas para la formación de un capital humano de calidad. España no alberga un sector privado en I+D+i que pueda absorber y aprovechar a investigadores altamente cualificados. Este capital humano, que tanto ha costado formar y que mejor preparado está para contribuir a un modelo productivo basado en el conocimiento, no va a tener otro remedio que emigrar o dejar la investigación. El país se enfrenta a una “fuga de cerebros” multi-generacional (desde los investigadores que empiezan ahora sus tesis doctorales hasta los de 40-45 años). España también se arriesga a cauterizar la vocación por la Ciencia de las generaciones más jóvenes (ahora niños y adolescentes). Dentro de unos años, España no tendrá más remedio que importar científicos. Sólo podrá hacerlo atrayéndolos con costosas ofertas que puedan competir con las de países punteros en ciencia, cuyas políticas de recursos humanos tendrán mucha mayor credibilidad. Si España no toma medidas urgentes para conservar el capital humano de mayor excelencia científica, el sistema de investigación tardará décadas en recuperarse, lastrando el ansiado cambio en el modelo económico.

    Inversion en I+D

    La inversión en I+D ha de converger con la media de la UE-27 y aproximarse al objetivo del 3% del PIB establecido por el Consejo Europeo en su Estrategia de Lisboa. La financiación en I+D+i en el 2010 fue un 1,39% del PIB y se estima que esta cifra será de menos de un 1,35% durante el 2011. Mientras que los países motores económicos de la UE están cercanos o por encima del 2,5% (con tres países por encima del 3%), los países rescatados o intervenidos se encuentran muy por debajo del 2,3% (la media de inversión en la Europa de los 27). ¿Casualidad? Evidentemente no: ninguno de los países económicamente sanos en el grupo de cabeza de Europa se ha permitido mantenerse relegado a los vagones de cola en I+D.

    La inversión en I+D ha de ser estable e independiente de ciclos políticos y económicos. La ausencia de estabilidad, un mal endémico del sistema de investigación español, hace que pierda efectividad y credibilidad. En los últimos años, la financiación en I+D+i (capítulo 46 de los Presupuestos Generales del Estado) se ha visto recortada en un 4,2% en el 2010, un 7,38% en el 2011 y se baraja una reducción de un 8,65% en el 2012 (donde los porcentajes se refieren al recorte con respecto al año anterior). España sigue en I+D una política cíclica, que hace aún más vulnerable al país cuando peor está su economía, cortando posibles vías de recuperación. Por el contrario, muchos países punteros en investigación adoptan en I+D una política anti-cíclica, de mayor inversión cuanto menos crece la economía. En el 2012, Francia ha anunciado un paquete de estímulo de € 35.000 M para investigación, mientras que Alemania, abanderada de la austeridad, incrementará hasta el 2015 en un 5% el presupuesto de sus principales organismos de investigación (incluyendo al Instituto Max Planck y la Deutsche Forschungsgemeinschaft (Fundación Alemana para la Investigación). Así mismo, el 2 de Marzo del 2012, la Comisión Europea, contando con el apoyo del Gobierno español, propuso aumentar muy significativamente la inversión en investigación y desarrollo, pasando de € 55.000 M en el 2007-2013 a € 80.000 M en el 2014-2020 (MEMO/12/153).

    Un modelo económico basado en la generación de conocimiento sólo tendrá éxito si se garantiza la estabilidad del sistema de investigación en términos de recursos económicos y humanos y si hay un sector privado que apueste por la investigación y la innovación. Para potenciar este último, el Banco de Inversión Europeo y la Comisión Europea crearon en el año 2007 el Instrumento de Financiación de Riesgo Compartido (RSFF). Sin embargo, si España no evita la fuga de investigadores, el sistema de investigación español tardará décadas en recuperarse debido a un doble factor: ni las empresas españolas encontrarán personal investigador cualificado para hacer uso de estos recursos financieros europeos, ni las instituciones públicas de investigación tendrán capital humano para beneficiarse de los recursos económicos de la Comisión Europea (€ 80.000 M en el 2014-2020).

    El cambio a una economía basada en el conocimiento, que puede llevar décadas en conseguirse, no debe medirse en legislaturas y requiere un acuerdo de Estado que lo blinde de ciclos económicos y políticos. Es una cuestión de Estado y debería considerarse una prioridad. En palabras del Ministro de Economía y Competitividad, Luís de Guindos “vamos a hacer de la I+D+i la base del futuro desarrollo de la economía española (...) y aprovechar el capital humano que tenemos y desarrollar la carrera investigadora” (Sesión Plenaria del Congreso de los Diputados, 21-02-2012). 

    Los líderes políticos deberían ser coherentes con el mensaje que están enviando a la sociedad española y a otros países e inversores: no pueden mantener la retórica del cambio a un modelo productivo basado en el conocimiento, mientras que todos los pasos que dan van en la dirección opuesta, produciendo irremediablemente un grave daño a corto y largo plazo a la infraestructura científica y su capital humano que sólo puede resultar en una economía de conocimiento “prestado” que alberga pocos expertos locales. “Si el conocimiento te parece caro, prueba con la ignorancia” (Derek Bok).

     
     

    Texto de la Nota de Prensa

    Investigación Digna

    El ministro de Educación no ve negativa la fuga de investigadores, muy al contrario lo considera positivo para su formación. El ministro evita la pregunta diciendo una obviedad. Pero incluso esa obviedad, que puede parecer inocua, resulta incongruente con las propias acciones del Gobierno. A día de hoy, hay cientos de becarios FPI con ayudas concedidas provisionalmente para realizar estancias breves en el extranjero en centros de reconocido prestigio. Sin embargo, la Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación ha retrasado la resolución definitiva de estas ayudas hasta el punto de que si no se aprueban en las próximas semanas la convocatoria de este año quedará invalidada.

    Pero lo más preocupante es que la respuesta del ministro ignora que la fuga de cerebros se refiere al exilio de investigadores consolidados, no a estancias internacionales fundamentales para la formación del personal investigador. Una prueba irrefutable de ello es la evolución del programa Ramón y Cajal, el buque insignia del sistema de I+D en España en términos de recursos humanos. Un 90% de los investigadores de la primera convocatoria del 2001 logró estabilizarse al cabo de sus cinco años de contrato, frente a un 37% de los investigadores de la convocatoria de 2006 que han superado las dos evaluaciones del programa y cuyos contratos ya han finalizado o finalizarán en los próximos meses. El 63% restante está abocado a emigrar o a dejar la investigación, a pesar de que la convocatoria del programa en el BOE tiene un compromiso de estabilización explícito (reafirmado por la Ley de la Ciencia). De media, estos investigadores tienen unos 42 años, 17 de los cuales han sido dedicados a la investigación, cuentan con una amplia experiencia en el extranjero (en ocasiones de más de una década) y lideran sus propias líneas de trabajo. No se trata de estudiantes que necesitan formación. Muy al contrario, los investigadores del programa Ramón y Cajal (y otros muchos que no forman parte de este programa) dirigen tesis y obtienen financiación por métodos competitivos; son, en pocas palabras, investigadores de primera línea. Si se van al extranjero no es ni mucho menos para completar su formación. En muchos casos regresaron a España para aportar a este país lo que aprendieron fuera. Ahora se les fuerza al exilio.

    Es verdaderamente inquietante que el Ministro de Educación, con responsabilidad en Universidades, responda de ésa manera a una preocupación legítima de la sociedad española: la pérdida del capital humano en I+D. Indica que o desconoce o ignora que una fracción muy significativa de la investigación que se hace en las universidades y otros organismos de investigación la lleva a cabo investigadores que, sin estar consolidados en términos laborales, lo están indudablemente en términos de excelencia científica. “Animar” a estos investigadores consolidados científicamente a ir al extranjero para completar su formación no sólo es insultante sino que es irresponsable porque supone un desperdicio de recursos públicos. Sin duda la fuga de investigadores “es una de las mejores cosas”, pero no para España sino para los países de acogida porque su viaje, en ningún caso, sería de ida y vuelta.

     
     

    Documento distribuido a los miembros de la Comision de Economia y Competitividad del Congreso y el Senado

    Investigación Digna

    “...el modelo productivo español basado fundamentalmente en la construcción y el turismo se ha agotado, con lo que es necesario impulsar un cambio a través de la apuesta por la investigación y la innovación como medios para conseguir una economía basada en el conocimiento que permita garantizar un crecimiento más equilibrado, diversificado y sostenible.”       - Preámbulo de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

    En las próximas semanas, las Cortes Generales procederán a tratar asuntos críticos para la Investigación y la Ciencia en España en el contexto de los Presupuestos Generales del Estado. Estos Presupuestos, y la inminente Oferta Pública de Empleo, serán clave para el Sistema Nacional de I+D. Dependiendo de las decisiones que se tomen, éste podrá salir fortalecido o gravemente dañado, tanto en su infraestructura como muy especialmente en su capital humano.

    Por este motivo, la Plataforma Investigación Digna exige que las Cortes Generales sean coherentes con el amplio consenso logrado en la aprobación de la Ley de la Ciencia y tomen medidas, algunas urgentes, para que el objetivo expresado en el Preámbulo de esta Ley de la Ciencia - el cambio en el modelo productivo a uno basado en el conocimiento - sea un compromiso firme que devuelva al país credibilidad y competitividad. (...)

     
     

    Written press/prensa

    Spanish changes are scientific suicide

    Amaya Moro-Martín, Nature 482, 277 (2012)

    Spain no longer has a ministry of science. In the last days of 2011, its new government transferred national science policy to the Ministry of Economy and Competitiveness, a duty for which this ministry seems most unsuited. Science was an unwelcome addition that absorbed more than half of the €1,083-million (US$1,438-million) budget cut imposed on the ministry. This sends an alarming signal of the sacrifices that science may face when the government releases its budget for 2012 next month. This is the first time that neither 'science' nor 'research' have featured in the name of any top Spanish government department. It is not just a symbolic shift: it continues our country's trend of deliberately undermining and playing down the importance of science. The official line is clear: science is not a priority in Spain. Of course, we are immersed in an economic crisis and austerity measures are needed. However, the government's irrational and draconian actions will cause long-term damage to the scientific infrastructure and send contradictory messages to other countries and investors. Although its rhetoric promises a shift to a knowledge-based economy, every step it takes is in the opposite direction. The results will be a borrowed-knowledge economy with little domestic know-how. The problems did not start with the new government: the previous administration attempted to pass a Kafkaesque by-law for public universities that would have created a merit-evaluation system that diminished the weight assigned to research and technology transfer. The by-law stated that trade unions would negotiate the criteria for faculty promotion, making academic careers “more predictable and more egalitarian”. It would have been the death of meritocracy. The same by-law would also have ballooned bureaucracy to such a level that it would have threatened to swamp any university administration. The previous government also opposed attempts to create a genuine tenure-track system for researchers in universities and national laboratories, on the grounds that tenure track is unconstitutional because access to civil service should be “egalitarian” so tenured jobs should not be targeted to tenure-track researchers. This is a consequence of the narrow-minded thought that all researchers in the public sector should be civil servants, but civil service is unsuited to research activities. Spain likes to boast that it has an equivalent to tenure track: the Ramón y Cajal programme. Launched in 2001, this is the only nationwide programme that has managed to attract and retain highly qualified researchers from Spain and abroad. However, drastic cuts in hiring over the past three years and a hiring freeze announced this year will kill this first attempt at a tenure-track programme. The prospects are so grim that despite being eager to return to Spain, some of my Spanish colleagues in the United States are rejecting Ramón y Cajal positions. The hiring freeze is suicidal. Researchers who retire will no longer be replaced. Unlike many of its neighbours, Spain has a very limited science and technology industry in which to absorb highly qualified workers, so scientists aged 20–40 years will have no choice but to leave if they want to further their career. The country will therefore face a multigenerational brain drain, with corresponding losses in innovation, inspiration and credibility. The damage from this decision will take decades to reverse. The new government is now effectively trampling on the best hope that Spanish researchers had for the future. Legislation in the pipeline could have improved the situation, but the government has, abruptly and without explanation, closed the two political science commissions — one in the Senate and one in the Congress — that would have been responsible for steering through this legislation. The legislation includes moves to allow universities and research centres to be funded privately, to develop a new science and technology strategy and to create a proper national research agency with a multi-year budget. We urgently need such a system in Spain, where severe and unpredictable fluctuations in year-to-year funding make medium- to long-term planning impossible. The strategy is crucial if Spain is to coordinate its increasingly anarchic 18 sets of science policies — laid out simultaneously by the 17 regional governments and the central government — and to introduce a smarter, top-down, approach to tackling national problems. Spain must bring its science and technology investment (currently 1.39% of gross domestic product) in line with European standards (2%) and closer to the 3% goal set by the European Council Lisbon Strategy for 2010. It also needs a science council, similar to the German Wissenschaftsrat, constituted mainly of scientists who have been elected by the scientific community to take the lead in delivering the national science and technology strategy. Spain's situation is summed up by a poster for a recent Hollywood blockbuster: “No plan. No backup. No choice. Mission: Impossible. Ghost Protocol.” Spanish science cannot afford ghost protocols. Without the proposed strategy there is no plan, and without a well-funded and non-political national research funding agency, there is no backup. The results leave research in Spain with a mission impossible.

    Spanish translation

    Los cambios en Espana son un suicidio cientifico

    España ya no tiene ministerio de ciencia. En los últimos días del año 2011, su nuevo gobierno transfirió ciencia al Ministerio de Economía y Competitividad, un ministerio que no es el adecuado para asumir esta responsabilidad. Ciencia no fue bien recibida y absorbió más de la mitad de los 1,083 millones de euros recortados a todo el ministerio. Esto manda una señal alarmante del sacrificio al que se enfrenta ciencia de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado. Es la primera vez que “ciencia” o “investigación” no aparecen en el nombre de ningún ministerio. No se trata sólo de un cambio simbólico: es la continuación de una tendencia deliberada que mina y minusvalora la importancia de la ciencia. Las línea oficial es clara: la ciencia no es una prioridad en España. Es claro que estamos inmersos en una crisis económica y que hay que adoptar medidas de austeridad. Sin embargo, las medidas irracionales y draconianas del gobierno pueden causar un daño a largo plazo de la infraestructura científica y manda un mensaje contradictorio a otros países e inversores. Mientras que la retórica promete un cambio a un modelo productivo basado en el conocimiento, cada paso que se da va en la dirección opuesta. El resultado es una economía de conocimiento “prestado” que alberga pocos expertos locales. Los problemas no comenzaron con el nuevo gobierno: la administración anterior trató de aprobar un estatuto del personal docente en las universidades públicas kafkiano que hubiera establecido un sistema de evaluación donde la investigación y la transferencia de conocimiento no tenían el peso adecuado. Este estatuto pretendía que los sindicatos pudiera negociar la promoción del personal docente, haciendo que la carrera académica fuera “más predecible y más igualitaria”. Hubiera sido la muerte de la meritocracia. El mismo estatuto hubiera incrementado la burocracia hasta el punto de colapsar cualquier sistema administrativo universitario. El gobierno anterior también se opuso al intento de crear un sistema de contratación “tenure-track” para investigadores en universidades y organismos públicos de investigación, con el argumento de que un sistema “tenure-track” es inconstitucional porque el acceso a la función pública tiene que seguir un principio de “igualdad” de forma que los trabajos estables no pueden ser adjudicados directamente a los investigadores que hayan superado el periodo de prueba en el “tenure-track”. Esto es una consecuencia de la visión miope de que todos los investigadores en el sector público tiene que ser funcionarios, a pesar de que el sistema funcionarial es inapropiado para actividades de investigación. España alardea de tener un sistema equivalente al “tenure-track”: el programa Ramón y Cajal. Lanzado en el 2001, este es el único programa a nivel nacional que ha podido atraer y retener a científicos altamente cualificados de España y de otros países. Sin embargo, los drásticos recortes en empleo público durante los últimos tres años y la anunciada tasa de reposición cero para este año van a acabar con este primer intento de “tenure-track”. Las perspectivas son tan desalentadoras que, a pesar de su tremendo interés en regresar a España, algunos de mis colegas españoles en los Estados Unidos están empezando a rechazar contratos Ramón y Cajal. La congelación en el empleo público en investigación es suicida. Los investigadores que se retiren no van a ser sustituidos. España tiene una industria científica y tecnológica muy limitada para poder absorber a estos trabajadores tan bien formados, de forma que investigadores de hasta más de 40 años no van a tener otro remedio que emigrar para continuar con su carrera. El país se enfrenta a una fuga de cerebros multigeneracional, con la correspondiente pérdida de innovación, inspiración y credibilidad. De adoptarse esta medida el país tardaría décadas en recuperarse. El nuevo gobierno está pisoteando las esperanzas que los investigadores españoles tenían para el futuro. La legislación pendiente podría mejorar la situación pero el gobierno ha cerrado, abruptamente y sin explicación, dos comisiones de ciencia, una en el Senado y otra en el Congreso, que hubieran sido responsables de llevar acabo con celeridad las acciones legislativas necesarias. Estas acciones incluyen la ley de mecenazgo para permitir la financiación privada de universidades e instituciones de investigación, el desarrollo de la nueva Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología y la creación de la Agencia de Investigación con un presupuesto plurianual. Necesitamos esta agencia urgentemente porque las drásticas fluctuaciones a las que se somete al sistema de investigación año a año hacen la planificación a medio y largo plazo imposible. La estrategia es crucial para coordinar las cada vez más anárquicas 18 diferentes políticas científicas (17 de cada autonomía y una del gobierno central), y para introducir la investigación orientada “top-down” que pueda afrontar grandes retos científicos de interés nacional. España necesita incrementar inversión en I+D (ahora un 1.39% del PIB) para alcanzar la media europea (2%) y acercarse al objetivo del 3% establecido para el 2010 por la Comisión Europea en la Estrategia de Lisboa. La situación en España se resume en el cartel publicitario de una de las últimas superproducciones de Hollywood: “Sin plan. Sin apoyo. Sin salida. Misión Imposible. Protocolo Fantasma.” La ciencia española no se puede permitir más protocolos fantasma. Sin la estrategia propuesta estaremos sin plan y sin una agencia de investigación bien financiada y con independencia política estaremos sin apoyo. El resultado deja a la investigación en España como una misión imposible.

     
     

    Carta entregada a los miembros de la Comision de Economia en el Congreso y el Senado

    Investigación Digna

    “...el modelo productivo español basado fundamentalmente en la construcción y el turismo se ha agotado, con lo que es necesario impulsar un cambio a través de la apuesta por la investigación y la innovación como medios para conseguir una economía basada en el conocimiento que permita garantizar un crecimiento más equilibrado, diversificado y sostenible.” - Preámbulo de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

    En las próximas semanas, las Cortes Generales procederán a tratar asuntos críticos para la Investigación y la Ciencia en España en el contexto de los Presupuestos Generales del Estado. Estos Presupuestos, y la inminente Oferta Pública de Empleo, serán clave para el Sistema Nacional de I+D. Dependiendo de las decisiones que se tomen, éste podrá salir fortalecido o gravemente dañado, tanto en su infraestructura como muy especialmente en su capital humano. Por este motivo, la Plataforma Investigación Digna exige que las Cortes Generales sean coherentes con el amplio consenso logrado en la aprobación de la Ley de la Ciencia y tomen medidas, algunas urgentes, para que el objetivo expresado en el Preámbulo de esta Ley de la Ciencia, arriba transcrito, sea un compromiso firme que devuelva al país credibilidad y competitividad. Estas medidas, descritas a continuación, implican acciones legislativas y de control al Gobierno.

    1. Capital Humano en I+D. Medidas urgentes.

    Nuestra petición más urgente es la protección del capital humano. Durante los últimos años, la Oferta Pública de Empleo ha castigado duramente a las instituciones de investigación. El caso del CSIC es ilustrativo. Las 250 nuevas plazas de Científico Titular del año 2007 se redujeron drásticamente a 26 y 30 en los años 2010 y 2011 respectivamente. Es ilusorio esperar que el CSIC pueda alcanzar los objetivos marcados en su Plan de Actuación (2010-2014), para lo cual este informe estableció que se hubieran necesitado incorporar al menos 130 y 150 nuevos científicos titulares durante el 2010 y 2011. Para el 2012, el Plan de Actuación del CSIC requiere 175 nuevas incorporaciones. Pero si se aplica la ya anunciada tasa de reposición cero, no se incorporará ningún científico titular nuevo. De nada sirve la elaboración de planes estratégicos. La situación en otras instituciones de investigación es similar: la parte de su capital humano con posibilidad de liderazgo está reduciéndose y envejeciendo, y el resto, incluyendo los jóvenes más prometedores, se está precarizando. El resultado es una importante pérdida de competitividad.

    Una tasa de reposición cero en investigación es incompatible con un cambio en el modelo productivo a uno basado en el conocimiento.

    Es indispensable activar el empleo público en I+D para fortalecer las instituciones de investigación.

    El programa Ramón y Cajal es el buque insignia del sistema de investigación en España en términos de recursos humanos. Su compromiso central es la estabilización de investigadores consolidados al cabo de un periodo de prueba de 5 años: "La formalización por parte de los Centros de I+D de estos acuerdos de incorporación implica que garantizan el compromiso de crear, antes de la finalización del contrato, puestos de trabajo permanentes con un perfil adecuado a las plazas cubiertas." (Cf. BOE). Este compromiso de estabilización fue reafirmado en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (disposición adicional decimosexta). Sin embargo, este compromiso se está incumpliendo: frente al 90% de los investigadores de la convocatoria del 2001 que se estabilizaron, solo un 37% de los de la convocatoria del 2006 ha logrado hacerlo. Estos investigadores no estabilizados, que tienen una edad media de 42 años, 17 dedicados a la investigación, lideran sus líneas de trabajo, tienen gran experiencia en el extranjero y mantienen colaboraciones internacionales. Los investigadores del programa Miguel Servet, en el ámbito de la investigación médica, están en una situación similar. La no estabilización de estos investigadores daña gravemente la credibilidad del sistema de investigación de nuestro país, mina su competitividad al quedar truncadas líneas de investigación competitivas y supone una pérdida de inversión.

    Es perentorio que se cumplan los compromisos de los programas Ramón y Cajal y Miguel Servet mediante la creación de un número suficiente de puestos de trabajo estables con los perfiles adecuados.

    El Plan Nacional de I+D+i subvenciona la mayor parte de los proyectos de investigación. La mayoría de los investigadores no estabilizados dependen de la contratación temporal en puestos postdoctorales (también pre-doctorales) con cargo a estos proyectos.

    Es preciso reforzar el Plan Nacional de I+D+i.

    Las subvenciones a proyectos han de priorizar la contratación.

    Cualquier recorte en el Plan Nacional de I+D+i supone una pérdida directa de puestos de trabajo cualificados.

    Es urgente que las convocatorias publicas de ayudas individuales y asociadas dirigidas a investigadores se aprueben cuanto antes para apoyar la ejecución de proyectos y atraer capital humano de talento. 

    El mantenimiento de los programas destinados a investigadores jóvenes (como el Juan de la Cierva y Ramón y Cajal), con al menos la misma dotación que en años anteriores, son fundamentales para que la carrera científica no quede desestructurada.

    Las características de la labor de investigación exigen décadas para la formación de un capital humano de calidad. España no alberga un tejido industrial que pueda absorber y aprovechar a este personal altamente cualificado. Si no se toman estas medidas urgentes este capital humano que tanto ha costado formar no va a tener otro remedio que emigrar o dejar la investigación. El país se enfrenta a una “fuga de cerebros” multi-generacional (desde los investigadores más jóvenes hasta los de 40-45 años). Una fuga que acarreará una irremediable pérdida de inversión, innovación, inspiración y credibilidad.

    2. Inversión en I+D

    En los 27 países de la UE, la media de la inversión en I+D es un 2% del PIB, mientras que en España es un 1.39%. Un país que aspire a estar en el grupo de cabeza de Europa no puede mantenerse a la cola en I+D. Todos los países rescatados o intervenidos (Irlanda, Italia, Portugal y Grecia) se encuentran por debajo del 2%, mientras que Alemania está en un 2.82%. Es imprescindible converger con Europa y acercarse al objetivo del Consejo Europeo, que en su Estrategia de Lisboa del año 2000 se marcó alcanzar un 3% del PIB en inversión en I+D para el año 2010 (un objetivo que tres países de la UE ya han superado). Es también crítico que esta inversión se mantenga a un nivel estable, de lo contrario perderá efectividad y credibilidad. Alemania, abanderada de la austeridad, ha adoptado en I+D una política anti-cíclica (de mayor inversión cuanto menos crece la economía) y mientras España recorta su política de gasto en I+D en porcentaje con respecto al PIB, Alemania la aumenta.

    La inversión en I+D con relación al PIB ha de converger con la de la UE y aproximarse al objetivo del 3%.

    La inversión en I+D ha de ser estable e independiente de vaivenes políticos y ciclos económicos.

    La Agencia Estatal de Investigación, cuya creación es un compromiso de la Ley de la Ciencia, es crítica para amortiguar las drásticas fluctuaciones presupuestarias que tanto daño han hecho al Sistema Nacional de I+D y que impiden la tan necesitada planificación a medio y largo plazo de sus recursos humanos y financieros.

    Es imprescindible dotar a la nueva Agencia Estatal de Investigación de independencia política y de una financiación suficiente y estable.

    3. Política de Estado en I+D

    Un presupuesto suficiente y estable tiene que ir acompañado de una Política de Estado en I+D que potencie la formación grupos de investigación de calidad, la realización de proyectos de investigación de interés nacional y favorezca la transferencia tecnológica de resultados científicos con proyección industrial.

    Es necesario planificar las líneas de investigación prioritarias a corto, medio y largo plazo y los recursos humanos y económicos necesarios.

    Es preciso coordinar, de forma multilateral y con corresponsabilidad, las Políticas de Estado presentes a nivel nacional, para que no haya 17+1 sistemas de investigación independientes que impidan optimizar la inversión pública en I+D.

    Esta Política de Estado debe implicar y coordinar a todos los actores, incluyendo el Gobierno Central, Gobiernos Autonómicos, Cortes Generales, Comisión Europea y comunidad científica. La contribución de esta última es crítica. El texto final de La Ley de la Ciencia no tuvo en cuenta peticiones clave de la comunidad científica, a pesar de que ésta posee un gran conocimiento de las carencias del sistema de investigación y puede aportar soluciones enriquecidas por una amplia experiencia internacional. Esta falta de diálogo no puede sino lastrar el esfuerzo de reestructuración del Sistema Nacional de I+D.

    Es indispensable crear un Consejo Científico de peso con independencia política que juegue un papel central en la Política Científica del país.

    4. Desarrollo de la Ley de Ciencia.

    Es urgente desarrollar la Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación para establecer el marco normativo adecuado en lo referente al:

    Desarrollo de la Agencia Estatal de Investigación.

    Desarrollo de la ley de Mecenazgo en relación a la I+D.

    Definición de los nuevos contratos laborales.

    5. Estructuración de la carrera científica: “tenure-track”

    Un “tenure-track” es un contrato temporal de unos cinco años de duración que está sometido a una o varias evaluaciones que de ser superadas conlleva a la estabilización automática de los investigadores. Esta estabilización depende exclusivamente de su excelencia científica (y docente en su caso). Es el modelo de contratación utilizado en países punteros en ciencia como EEUU y su implantación en España ha sido respaldada por amplios sectores de la comunidad científica. Difiere de forma fundamental del programa Ramón y Cajal porque en este último la estabilización de los investigadores no depende de la superación de evaluaciones, sino que está supeditada a la aprobación anual de la Oferta Pública de Empleo. En el sistema “tenure-track”, la planificación de recursos humanos se hace a la entrada, garantizando la existencia de un puesto de trabajo estable si se fuera a superar el periodo de prueba. Sin embargo, en nuestro sistema actual, la planificación de recursos humanos no se hace hasta la finalización del periodo de prueba. Y cuando los compromisos adquiridos hace 5 años no se corresponden con la oferta actual, se crean cuellos de botella que aparecen periódicamente y que estamos padeciendo en el momento actual. Si no se corrige este problema endémico, el Sistema Nacional de I+D nunca alcanzará la competitividad y credibilidad que el país necesita porque las grandes fluctuaciones en la contratación merman la excelencia científica del capital humano.

    Resulta perentorio que en la reglamentación de la Ley de la Ciencia se establezca un “tenure-track” y que la Oferta Pública de Empleo permita una planificación de recursos humanos en I+D que lo haga viable.

    Es necesario flexibilizar la contratación de investigadores internacionales no comunitarios en puestos estables (con un visado de inmigración cualificada y simplificación de trabas burocráticas).

    6. Comisión de Ciencia

    Las Comisiones de Ciencia en las Cortes Generales jugaron un papel fundamental en la elaboración de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Su papel es indispensable para formalizar las Políticas de Estado que el Sistema Nacional de I+D requiere.

    Es necesario que se reestablezcan las Comisiones de Ciencia en el Congreso y en el Senado.

    Los líderes políticos han de ser coherentes con el mensajes que está enviando a la sociedad española y otros países e inversores: no se puede por una parte mantener la retórica del cambio en el modelo productivo a uno basado en el conocimiento, y por otra tomar medidas que irremediablemente produzcan un grave daño tanto a la infraestructura científica del país como a su credibilidad.

     
     

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    La ciencia en Espania: Mision Imposible?

    AMAYA MORO-MARTIN - El Mundo.

    El cartel publicitario del último gran estreno de Hollywood resume de forma muy elocuente el sentir de muchos investigadores ante la noticia de que las palabras 'ciencia' o 'investigación' no aparezcan en el nombre de ningún ministerio. Cuatro personajes bien entrados en la treintena o cuarentena caminan con determinación hacia un destino que no se desvela. Sus rostros son sombríos. En grandes letras se lee: "Sin plan. Sin retorno. Sin salida. Misión Imposible. Protocolo fantasma". Se trata de una película de ciencia ficción. La situación de la investigación en España también lo es. Ciencia ha sido incluida, pero sin nombrarla, en el nuevo Ministerio de Economía y Competitividad. Es surrealista que algo tan abstracto como "competitividad" haya sustituido a algo tan concreto como la investigación científica. No cabe duda que el objetivo de todos es que el sistema de investigación en España sea competitivo pero, para alcanzarlo, el nuevo Gobierno ha elegido un rumbo muy diferente al de los países que están por encima de España en la mayoría de los rankings científicos y económicos. Países como Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda y Suecia, con sistemas de investigación altamente competitivos y economías más sólidas, coinciden en gestionar ciencia y universidades de forma conjunta bajo ministerios especializados. La ausencia de un ministerio especializado contrasta con el diagnóstico y solución propuesta en el prólogo de la nueva Ley de la Ciencia que identifica a la I+D como el motor del tan necesitado cambio en el modelo productivo. Con esta selección de ministerios, el Gobierno demuestra haber hecho un análisis erróneo de cómo la investigación científica puede ayudar a cambiar el modelo productivo. Pero la realidad es que no hay atajos; no se puede prescindir de la investigación básica; no hay ciencia aplicada sino aplicación de la ciencia. Es también ciencia ficción pretender que el sistema de investigación en España mejore en competitividad cuando ya se ha anunciado que va a haber una tasa de reposición cero para la oferta de empleo público. De ser aplicada esta medida en el sector de la investigación, ni el sistema atraerá a investigadores de élite de otros países, ni conservará a los investigadores altamente cualificados que ya están en España, con el agravante de que en estos últimos el Estado ya ha hecho una gran inversión (por ejemplo, a través del programa Ramón y Cajal). Ficticio es también el engañoso optimismo oficial que resalta que el CSIC está entre las diez instituciones del mundo con mayor productividad científica, lo que contrasta frontalmente con el trato que se le ha dado a esta institución, que en los últimos dos años ha visto recortado en un 30% su presupuesto y este año recibió un 17% de las plazas que consideraba mínimas para no venirse abajo. Y ficticia fue también la reconversión del CSIC en Agencia. Es urgente que el nuevo ministerio complete esta conversión y le permita al CSIC firmar el contrato de gestión. La creación de la nueva Agencia de Investigación también podría quedarse en ciencia ficción si los próximos Presupuestos Generales del Estado no tienen en cuenta que esta agencia (que operará como una agencia de financiación) tiene que contar con un presupuesto suficiente y sostenido en el tiempo. La Ley de la Ciencia, aprobada con el pleno apoyo del partido responsable del nuevo Gobierno, que garantiza la estabilización de investigadores altamente cualificados y la creación de la Agencia de Investigación, corre el riesgo de convertirse en el "protocolo fantasma" del cartel de la película si el nuevo ministerio no toma medidas urgentes. Entre esas medidas tiene que estar la reactivación inmediata de todas las convocatorias que ahora están paralizadas (por ejemplo las de Proyectos del Plan Nacional). Esperamos sinceramente que el nuevo ministerio de los pasos adecuados para que la investigación en España y el tan deseado cambio del modelos productivo no sea una "misión imposible".

     
     

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    "Ciencia es Educacion"

    AMAYA MORO-MARTIN - Tribuna: El País.

    Antes de incluir ciencia en un macroministerio conviene ver desde dónde se gestiona la investigación en los países que están por encima de España en la mayoría de las clasificaciones de I+D

    Se oyen rumores de un futuro Ministerio de Industria, Comercio, Turismo y Ciencia. Si el Gobierno entrante está considerando esta opción, queda en evidencia que tienen una interpretación errónea de cómo la investigación científica puede ayudar a cambiar el modelo productivo, ya que se están sobresimplificando los mecanismos de transferencia del conocimiento. El motor principal de la ciencia nunca ha sido la creación de patentes a corto plazo que beneficien al sector privado. Naturalmente éste es un aspecto importante, pero no es el objetivo inmediato. Aunque sea políticamente incorrecto recordar ésto en época de crisis económica, paradójicamente es cuando más importante resulta hacerlo porque la marginación de la investigación básica debida a una visión cortoplacista sin duda significaría dar muchos pasos atrás en el largo camino del desarrollo científico. Sin investigación básica, no se hubieran producido la mayoría de los descubrimientos científicos que han revolucionado la historia de la humanidad. Recuerden que Einstein trabajaba en la Oficina de Patentes de Berna cuando publicó la teoría de la relatividad especial y otros trabajos de física estadística y mecánica cuántica; pocos años después, su teoría de la relatividad general fue la semilla de la cosmología moderna que estudia el origen y la evolución del Universo. A Einstein no le movía la creación de patentes sino la curiosidad por entender, sin embargo, innumerables facetas de la ciencia aplicada nunca se hubieran podido desarrollar sin su trabajo de investigación básica.

    Antes de incluir ciencia en un macro-ministerio donde quede relegada a una actividad secundaria susceptible de una absorción vertical, hagan un ejercicio de reflexión y vean desde dónde se gestiona la investigación científica en los países que están por encima de España en la mayoría de los rankings científicos. Excepto en EEUU, donde ciencia depende de varios departamentos de estado y agencias independientes (los Departamentos de Agricultura y Energía, la Agencia de Protección Ambiental, NASA, NSF, NOAO, etc.), en el resto de éstos países nos encontramos con la siguiente situación: Japón (Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología); Alemania (Ministerio de Educación e Investigación); Inglaterra (Ministerio de Universidades Estatales e Investigación); Francia (Ministerio de Educación Superior y Ciencia); Holanda (Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia); Suecia (Ministerio de Educación e Investigación). ¿Ven cuál es el factor común? No queremos ni podemos permitirnos ser diferentes de los países punteros en ciencia. No volvamos al “Spain is different”. Ciencia no es Turismo. Ciencia no es Comercio. Ciencia no es Industria. ¡Ciencia es Educación! De lo contrario corremos el riesgo de que Ciencia acabe siendo, una vez más, Asuntos Exteriores.

    Ciencia y Universidades deben ir siempre de la mano. Las universidades son la cantera de las nuevas generaciones de científicos y los centros de investigación de excelencia deberían considerarse absolutamente fundamentales para su formación. Ciencia-Universidad es una sinergía a la que no se puede renunciar y ha de potenciarse a nivel ministerial. Pero en vez de alentar esta sinergía se está ahogando. Tres ejemplos: la salida de las competencia de universidades del Ministerio de Ciencia, la exclusión de las universidades de la Ley de Ciencia y el Borrador del Estatuto del personal docente e investigador de las universidades públicas españolas (del pasado mes de Julio). En este último se propone una burocratización kafkiana de la universidad, no se valora adecuadamente la actividad investigadora de los docentes y se separa docencia de investigación (corriendo el riesgo de que nuestras universidades se conviertan en “community colleges”). Es urgente que este alejamiento forzado entre Ciencia-Universidad se corrija cuanto antes y desde el más alto nivel.

    Pero la sinergía también ha de potenciarse en el día a día de los departamentos y en cierta medida es responsabilidad de toda la comunidad científica. No sólo hay barreras burocráticas sino también “culturales” que impiden que las universidades se nutran de investigadores que no se han formado en su seno, y estas barreras son en parte responsables de que ninguna universidad española esté entre las 100 mejores del mundo (y haya sólo una o dos entre las 200 primeras). La barrera “cultural” funciona en los dos sentidos. Piensen qué mensaje se les manda a los estudiantes con los mejores expedientes: que se queden a hacer el doctorado en su misma universidad donde, si todo va bien, quizá se puedan estabilizar (tras una estancia obligatoria en el extranjero de uno o dos años - como si de un Erasmus se tratara). Esto es diametralmente opuesto a lo que se hace en EEUU: allí, a los estudiantes que quieren hacer el doctorado (y muy particularmente a los que tienen expedientes brillantes) se les anima a irse lejos, muy lejos, para que se formen en las mejores universidades o centros de investigación. Son poco frecuentes las ocasiones en que el doctorado se hace en la misma institución que la licenciatura, o el postdoctorado en la misma institución que el doctorado. El inmovilismo se percibe como signo de mediocridad. Los mejores departamentos de EEUU basan parte de su éxito científico en el flujo constante de investigadores de calidad que pasan por ellos, y este flujo es precisamente uno de los principales atractivos de estos departamentos (a ojos de los propios investigadores). Aceptando que hay diferencias culturales significativas con el mundo anglosajón, hay aspectos saludables que se deberían adoptar: no sólo enriquecerían al sistema de investigación en España, sino que es la única forma de que gane competitividad a nivel internacional.

    Es loable la intención del Gobierno entrante de “innovar” porque nadie duda que haya que potenciar la investigación por parte del sector privado. Pero innovar significa mucho más. Innovar es potenciar la investigación privada pero no a costa de los escasos recursos de la ciencia básica. Innovar es crear puentes y derrumbar barreras entre Ciencia y Universidad. Innovar es romper con un sistema inmovilista. Innovar es dar un apoyo sostenido a ciencia que permita planificar y evitar que situaciones como la del Centro Príncipe Felipe puedan volverse a dar.

     
     

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    "La impaciencia de Ceniciencia"

    AMAYA MORO-MARTIN, ANDRES MOYA BEDON, JUAN CARLOS SUAREZ YANES - Tribuna: El País.

    Los autores hacen un repaso crítico de la situación de la ciencia en España y, en tiempo de elecciones, del contenido de los programas electorales de los partidos

    Es época de campaña electoral, un tiempo de promesas. Con inquietud, buscamos en los programas electorales de los dos partidos mayoritarios qué promesas le corresponden a Ceniciencia, pero nos encontramos tan sólo con palabras grandiosas y huecas. El partido del actual Gobierno habla de "Emprender, Evolucionar y Expandir". De "expandir" no hay duda porque llevamos años expandiendo a nuestros científicos por todos los rincones del mundo en busca de un empleo digno, más que "emprender" es un "desprenderse" de capital humano; y la "evolución" es regresiva: muchos investigadores sienten que su carrera está siguiendo un movimiento browniano de pasos antes impensables, con contratos de doctor que se convierten en contratos de licenciado, y contratos senior del programa Ramón y Cajal (RyC) que terminan en contratos en prácticas o por obra y servicio. Mientras, el partido favorito en las encuestas centra sus soluciones para I+D en la innovación y en la trasferencia de conocimiento al sector privado, que si bien es condición necesaria, no es ni mucho menos una condición suficiente. En cualquier caso, no queremos palabras grandiosas que acaben como las hojas del otoño que se las lleva el viento y pronto se olvidan. Necesitamos acciones concretas.

    Desde la Plataforma Investigación Digna venimos reivindicando una planificación a largo plazo los recursos humanos y financieros en investigación; que el recorte de presupuestos no afecte desproporcionadamente a la I+D; que el binomio investigación-innovación no acabe en una una absorción vertical; que los investigadores en todas las etapas realicen su trabajo bajo contrato y con un salario digno; que el nuevo contrato de acceso al sistema español de investigación sea un tenure-track y no un contrato temporal más; y que se cumplan los compromisos adquiridos con los investigadores del programa RyC mediante la creación de un número suficiente de puestos de trabajo estables. Con respecto a estas reivindicaciones, la Ley de la Ciencia recientemente aprobada hizo tan sólo dos concesiones: las becas se convertirían en contratos -desde el pasado 1 de noviembre esto ya es una realidad- y se crearía un número suficiente de plazas para estabilizar a los investigadores del programa RyC que hayan superado las evaluaciones. A pesar de la aprobación de la Ley de la Ciencia hace casi medio año, el futuro de éstos últimos es cada vez más sombrío.

    A partir de la convocatoria del 2007 (cuyos contratos empiezan a vencer en el 2012), a aquellos investigadores del programa RyC que superen las evaluaciones se les garantiza explícitamente su estabilización: "La formalización por parte de los Centros de I+D de estos acuerdos de incorporación implica que garantizan el compromiso de crear, antes de la finalización del contrato, puestos de trabajo permanentes con un perfil adecuado a las plazas cubiertas." (Cf. BOE). Pero esta situación se aleja cada día más de la realidad. A pesar de que la nueva Ley de la Ciencia se reafirma en su compromiso de estabilizarlos, las oportunidades de opositar son escasísimas, casi simbólicas. Si a esto añadimos que el mayor organismo de investigación en España, el CSIC, ha adoptado una política "aleatoria" de incorporación de investigadores (convocando plazas estables de perfiles excesivamente abiertos), nos encontramos con que no sólo se está negando una oportunidad real de estabilización a los investigadores del programa RyC que hayan superado las evaluaciones (tal como requiere el BOE), sino que además difícilmente los centros podrán llevar a cabo sus propios planes estratégicos, ya que en ellos están integradas las líneas de trabajo de sus investigadores RyC. La estabilización de estos investigadores es una quimera, y su carácter quimérico ha sido asumido de forma natural a nivel institucional: en la reunión de directores de centros del CSIC del pasado Julio, el CSIC dejó claro que no tiene ninguna solución para estos investigadores, más allá de que puedan ser recontratados temporalmente con cargo a proyectos con remanentes, abusando de la generosidad de otros investigadores del centro.

    Incluso el CSIC ha tomado la decisión de eliminar, a partir de agosto de 2011, la extensión por un sexto año de los contratos de los investigadores del programa RyC que no se hayan estabilizado, una práctica que se había realizado como medida de emergencia para evitar una fuga de cerebros. El abandono de estos investigadores, que el propio Gobierno siempre ha calificado "de élite", no sólo supone una pérdida irreparable de capital humano, sino un incumplimiento de la normativa relacionada con las subvenciones públicas, ya que se hace uso de una de ellas en forma diferente a las condiciones de la misma. El Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), por su parte, ejerce una manifiesta "dejación de funciones" al no garantizar el cumplimiento y la correcta ejecución de un programa que el propio ministerio puso en marcha.

    La problemática de los investigadores del programa RyC ilustra un problema clave que lastra el despegue de la I+D en nuestro país y es que ni al CSIC ni al propio MICINN se les ha otorgado de una autoridad real para gestionar sus recursos humanos. Es imprescindible que así se haga para evitar situaciones como las que han ocurrido en los últimos dos años donde el CSIC, a pesar de tener apoyo del MICINN, acabó recibiendo un 17% del número de plazas que consideraba necesario para no venirse abajo. En palabras recientes del director científico de un centro del CSIC: "lo que nos espera es una hecatombe". Es imprescindible que al CSIC se le permita de una vez firmar el contrato de gestión. El cómo se reparten los recursos, ahora limitados, es también crítico, siendo necesario flexibilizar los presupuestos: ¿qué sentido tiene construir edificios que no se van a llenar, acometer reformas prescindibles y comprar instrumentación muy costosa, cuando el capítulo de recursos humanos carece de presupuesto para mantener a los investigadores que puedan sacar provecho a estas instalaciones? La autogestión de los centros es crítica, siempre que estos centros se rijan exclusivamente por criterios de excelencia científica. Y para que esto pueda llevarse a cabo es urgente que la nueva Agencia Estatal de Investigación, que operará como agencia de financiación, disponga de un presupuesto suficiente y sostenido en el tiempo que permita una planificación real a largo plazo (e independencia política); sólo así podremos evitar que los planes estratégicos de los centros acaben en papel mojado. Por último, para velar por la excelencia científica, es necesario que se lleven a cabo evaluaciones, tanto de la labor de los investigadores, como de la compleción de los objetivos de los proyectos a los que se han concedido subvenciones públicas, y que estas evaluaciones tengan una repercusión real en la futura asignación de plazas estables a los centros y en la continuación de la financiación pública.

    En el Discurso del Estado de la Nación del pasado Junio, la palabra "ciencia" sólo apareció en una referencia a la Ley de la Ciencia pero dentro del contexto de cómo va a beneficiar a "innovación" (de nuevo la amenaza de una absorción vertical), y en el resto del discurso "ciencia" sólo volvió a aparecer como parte de "impaciencia", quizá muy apropiadamente. Impaciencia es lo que sentimos muchos investigadores cuando vemos que los programas electorales de los dos grandes partidos, en sus secciones sobre I+D, no dicen nada relevante en materia de recursos humanos, ni de carrera científica, ni de estabilidad y flexibilidad presupuestaria, ni de autogestión de los centros, ni de aumento de la inversión pública (condición necesaria para que aumente la privada). Pedimos al Gobierno entrante que atienda las reivindicaciones casi unánimes de la comunidad científica y que las peticiones de los más altos responsables políticos y sociales de la ciencia sean consideradas como una prioridad (para comprobar que no lo han sido basta comparar el borrador inicial de la Ley de la Ciencia con el texto que finalmente fue aprobado). Un país que pretenda apoyarse en I+D para cambiar el modelo económico tiene que proteger su capital humano como un tesoro y evitar la sensación de impotencia y desconfianza de sus investigadores, incluyendo los más altos cargos de la ciencia en España, respecto a las instancias superiores de decisión.

     
     

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    "Ley de la CeniCiencia"

    AMAYA MORO-MARTIN, ANDRES MOYA BEDON, JUAN CARLOS SUAREZ YANES - Tribuna: El País.

    La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, a punto de ser ratificada Congreso, ha salido aprobada por unanimidad del Senado en parte porque todos los grupos parlamentarios han acordado presentar una moción legislativa conjunta que inste al Gobierno a hacer una ley sobre mecenazgo. Lo que se pretende, en palabras de la senadora Rosa Nuria Aleixandre (de CiU) durante el pleno del Senado que aprobó la ley, es adoptar "un sistema de financiación (...) con prestigio en todo el mundo anglosajón, donde una entidad o individuo (...) ceden un determinado patrimonio a una fundación u organismo, público o privado, que solo podrá utilizar sus beneficios.". En palabras de la senadora, "nos conformaríamos con tener una ley que nos permita competir en igualdad de oportunidades con nuestros compañeros de la Unión Europea (...) y no quedarnos rezagados frente a ellos, menos aún en la lucha que a partir de ahora hemos de tener contra los grandes gigantes como los Estados Unidos (...). Una ley que nos permita retener el talento, que, no lo duden, lo tenemos y mucho."

    Señorías, para retener talento y atraer a científicos de prestigio de otros países no sólo se necesita financiación, sino un modelo de contratación competitivo. No sólo miren al mundo anglosajón para tomar como modelo la flexibilidad de su sistema de financiación, ¡fíjense en su modelo de contratación! Es la combinación de ambas cosas lo que determina en parte su éxito. Ese modelo de contratación es precisamente lo que gran parte de la comunidad investigadora está pidiendo insistentemente: la creación de un contrato temporal de cinco años de duración con una evaluación final que, de ser superada, garantice la estabilización del investigador (lo que se denomina un tenure-track en el mundo académico anglosajón).

    En nuestro caso íbamos más allá, sugiriendo que se estableciera aquello que ya se empieza a demandar en estos centros de excelencia extranjeros: que el contrato estable esté sujeto a evaluaciones periódicas. El recién aprobado contrato de acceso se aleja peligrosamente de este modelo, frustrando con ello una de las reivindicaciones más importantes de la comunidad científica. Este sentimiento fue expresado muy elocuentemente por el senador Jordi Guillot Miravet de Iniciativa per Catalunya Verds durante su intervención en el pleno del Senado: la ley "sigue manteniendo el factor de la precariedad en lo que se refiere a la contratación, el acceso y la permanencia en el mundo laboral de los investigadores"; "sigue el interrogante sobre el contrato de acceso" que no "permite realmente dar estabilidad, afianzar, captar, fidelizar a los investigadores", y que "reduce las garantías que fija la normativa vigente, como, por ejemplo, respecto a la figura de los Ramón y Cajal.".

    Durante la última década, el programa Ramón y Cajal (RyC) ha sido lo más parecido a un tenure-track que ha habido en España. Esto ha sido gracias al compromiso que adquirían los centros de convocar plazas estables con el perfil de los investigadores RyC que hubieran superado las evaluaciones establecidas. Sin embargo, dicho compromiso ha venido sufriendo serios contratiempos, y por ello en la nueva ley se ha reconocido la necesidad de reafirmarlo explícitamente en su articulado. Pero el programa RyC no es más que un programa. Lo que debería hacer la ley es ligar el compromiso de creación de plazas estables al nuevo contrato de acceso, independientemente del nombre del programa de turno.

    Incomprensiblemente se negaron a hacer esto, a pesar de que era lógico, encajaba en la legalidad vigente y no suponía ningún aumento de presupuesto (como argumentamos en las enmiendas propuestas al Congreso y al Senado, y en las numerosas reuniones con miembros de ambas cámaras y representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación (ICINN). El calificativo de acceso, por tanto, es accesorio: no es más que un simple contrato temporal de cinco años indistinguible de varios contratos por obra y servicio concatenados. Un sistema de investigación no se hace competitivo a base de maquillaje.

    Con esta maniobra, la Ley de la Ciencia, lejos de abrazar el espíritu del programa RyC, lo convierte en una anomalía y abre la puerta a que desaparezca...calladamente. Un simple cambio en el nombre del programa cerraría la única vía de acceso al sistema de investigación, dejando a los investigadores a la deriva.

    El Gobierno defiende un cuento de hadas cuando argumenta que la carrera científica ha quedado perfectamente definida por los nuevos contratos predoctoral, de acceso y de investigador distinguido. Si bien en la fase predoctoral, la ley contiene un aspecto muy positivo (todos los trabajos de investigación se realizarán mediante contratos laborales, tanto en el ámbito público como en el privado), en realidad es el cuento de Ceniciencia, excepto que empieza con un érase una vez, y otra vez, y otra vez...y cuando por fin llega el príncipe azul en forma de ley, éste se enamora de la hermanastra Innovación, se centra en la gobernanza y la fiscalización, y deja a Ceniciencia como estaba...o peor, porque pierde el "caldero" y a partir de ese momento puede ser víctima de una de las novedades de la ley: la concatenación de contratos temporales hasta el final de su carrera.

    Señorías, no crean en cuentos de hadas. Pongan los pies en los centros de investigación, tanto en los de aquí, como en los que quieren usar como modelo. Si el objetivo es "tener una ley que nos permita competir en igualdad de oportunidades" es absolutamente necesario que los grupos parlamentarios se comprometan a revisar, con la máxima celeridad posible, tanto la financiación de los centros de investigación -fundamental para que sean los propios centros los que gestionen sus recursos humanos y puedan hacer una planificación de ellos a largo plazo- como el propio contrato de acceso, acceso que sólo será real si es transformado en un tenure-track. Esto es lo que demanda la mayor parte de las voces autorizadas de la comunidad científica (COSCE, CRUE, directores de OPI y de centros de investigación...), pero, paradójicamente, esta demanda cuenta sólo con la oposición de una serie de organizaciones sociales que, si bien representan a muchos trabajadores en otros ámbitos laborales, su representatividad entre los que realmente demandan y se beneficiarían de este contrato de acceso, por ejemplo los investigadores jóvenes no estabilizados, es muy cuestionable.

    Si no se establece un verdadero tenure-track, nuestro sistema de investigación nunca alcanzará la credibilidad y la competitividad que todos deseamos y nuestra economía necesita, porque ni atraerá talento del exterior, ni podrá conservar el talento de los jóvenes investigadores (muchos de ellos de 40 años), que son responsables de buena parte de la productividad científica de este país y que se están viendo abocados a emigrar o a abandonar la investigación.

     
     

    Open Letter

    Open Letter for the future of Spanish research

    PLATAFORMA INVESTIGACION DIGNA - www.investigaciondigna.es

    During the last two years, in the context of the current economic crisis, Spanish research has been a victim of drastic budget cuts, with the Public Research Centers (OPIs) suffering cuts twice the average (30% compared to 16%). This implies a loss of credibility and competitiveness of the Spanish science policy, and prevents the needed change in the country’s economic base from the current one, to one rooted in Research and Development (I+D). Particularly worrisome has been the steep decrease and almost disappearance of research positions beyond the postdoctoral level (a 90% cut in the case of the Spanish Research Council – CSIC). This reduction affects not only the researchers under the current 5-year, tenure-track Ramón y Cajal program (whose researchers have already passed numerous selection and evaluations processes), but also the postdoctoral community (that has suffered from the small number of opportunities to access the system). Spain faces the real danger of losing several generations of researchers that have enable the growth of its science productivity in the last few years.

    In this context, there is the need to discuss the current draft of the “Law of Science and Technology”, which is being debated in the Spanish Congress. We consider this draft deficient in its design of the research career for the following reasons:

    • Previous drafts anticipated the existence of 5-year, tenure-track contracts with evaluations during the third and fifth years that, if passed, would imply the stabilization of the position. Even though the current draft establishes that the results of these evaluations would be considered in a selection process, it does not make any compromise regarding the existence of these tenured opportunities. (i.e. a “track” to nowhere).
    • The current draft allows for research scholarships in the private sector (instead of contracts), and establishes that the salaries of the researchers could be between 25% and 44% lower than those required by Law for workers conducting similar activities. This undignifies the research labor.
    • The current draft unregulates the postdoctoral stage of the research career.

    In this open letter, we request for Spain a clear and dignified science career by making the following demands:

    • To honor the compromises already made under the current 5-year, tenure-track Ramón y Cajal program, with the creation of positions that enables the stabilization of the researchers in the program that have passed the evaluations.
    • That the budget-cuts do not disproportionally affect Research and Development (I+D), maintaining or increasing its percentage with respect to the Gross Domestic Product.
    • A social contract that allows for the long-term planning of human resources in Research and Development (I+D).

    With respect to the current draft of the “Law of Science and Technology”, we ask for the following changes:

    • That the new 5-year, tenure-track program anticipates the stabilization of the researchers that pass the evaluations, taking into account the needs of the research centers.
    • The transfer of the current RyC researchers to above program, taking into consideration the evaluations already passed.
    • The regulation of the postdoctoral stage of the research career.
    • The substitution of research scholarships, including those in the private sector, by contracts.
    • That the salaries of researchers should be, at least, the minimum established by Law for workers conducting similar activities.
     
     

    Carta Abierta

    Carta abierta por el futuro de la investigacion en Espania

    PLATAFORMA INVESTIGACION DIGNA - www.investigaciondigna.es

    En los últimos dos años, utilizando como argumento la actual crisis económica, la investigación española ha sufrido unos recortes presupuestarios drásticos. Mientras el recorte medio ha sido de un 16%, los Organismos Públicos de Investigación han visto recortado su presupuesto alrededor de un 30%. Esto implica una pérdida de credibilidad y competitividad de la política científica española, impidiendo alcanzar un cambio del modelo productivo actual a uno basado en el conocimiento. Especialmente preocupante ha sido la drástica reducción y casi desaparición de oportunidades para que los investigadores puedan estabilizarse laboralmente (un recorte de un 90% en el número plazas en el caso del CSIC). Esta reducción golpea con crudeza no sólo a los investigadores con contratos Ramón y Cajal (que ya han superado numerosos procesos de selección y evaluación), sino también a los postdocs en etapas previas (que se han visto afectados por el escaso número de contratos de acceso al sistema). Estamos ante un peligro real de perder varias generaciones de investigadores que han sido una de las bases del crecimiento de la producción científica en los últimos años. En este contexto es imprescindible hablar del actual borrador de la Ley de la Ciencia y Tecnología, que consideramos deficiente en cuanto al diseño de la carrera investigadora por los siguientes motivos:

    • En anteriores borradores se define un contrato de Acceso al Sistema de 5 años de duración, con evaluaciones que, en caso de superarse, conllevarían automáticamente a un contrato laboral fijo. Sin embargo, el actual borrador establece que esta evaluación tan solo se considerará como un mérito más a la hora de presentarse a los procesos selectivos de personal laboral fijo, sin garantías de que éstos puestos existan.
    • No elimina las becas de investigación en el sector privado y contempla que los sueldos de los investigadores puedan ser de un 25% a un 44% inferior a los establecidos por Ley para trabajadores que realicen cometidos similares. Esto va en la dirección contraria de la dignificación social de las labores de investigación.
    • No regula la etapa postdoctoral inicial dejándola en una situación indefinida y precaria.

    Como consecuencia de todo lo antes descrito, solicitamos para España mediante esta carta una carrera científica digna y clara, y planteamos las siguientes reivindicaciones concretas:

    • (1) Cumplimiento de los compromisos ya adquiridos con los contratados RyC mediante la creación de un número suficiente de puestos de trabajo para que los investigadores que hayan superado evaluaciones favorables tengan la oportunidad de estabilizarse laboralmente.
    • (2) Que el recorte de presupuestos no afecte desproporcionadamente a la I+D y que se mantenga o aumente su porcentaje con respecto al PIB.
    • (3) Un pacto de Estado que permita planificar a largo plazo los recursos humanos y financieros en investigación.
    • (4) Respecto al borrador de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, reclamamos las siguientes modificaciones:
      •         (4.a) Que el nuevo contrato de Acceso al Sistema Español de Ciencia contemple la estabilización automática de los investigadores que superen las evaluaciones que se establezcan, teniendo en cuenta las necesidades de los Centros.
      •         (4.b) Introducir una disposición transitoria que establezca una equivalencia entre los actuales contratos RyC y los nuevos contratos de Acceso, teniendo en cuenta las etapas de evaluación ya superadas por los RyC
      •         (4.c) Creación de las figuras contractuales necesarias para cubrir las etapas post-doctorales iniciales de una manera clara.
      •         (4.d) Sustituir las becas del sistema, incluido el ámbito privado, por contratos.
      •         (4.e) Establecer que los sueldos de los investigadores sean, al menos, el mínimo exigido por Ley para trabajos similares.
     
     

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    Ministerio de Ciencia e Innovacion: MICINN o McINN?

    Amaya Moro-Martín - Cartas el Director - ABC.

    Cualquier ley que se precie ha de apoyarse en dos pilares fundamentales: recursos para desarrollarse y la confianza del colectivo a quien pretende amparar. La Ley de la Ciencia que se está discutiendo en el Parlamento carece de estos dos pilares. En primer lugar, es una ley que nace mísera, ya que indica explícitamente que no contempla un aumento de presupuesto. Considerando que en el presente año fiscal el número de plazas de acceso a la escala de científicos titulares del CSIC se redujo en un 90 por ciento con respecto a años anteriores, este compromiso de congelación presupuestaria equivale a una petición explícita de que la investigación en España quede relegada al abismo de la lista de prioridades. La anterior ley de la Ciencia ha estado vigente durante quince años; si la nueva ley tiene intención de perdurar más allá del calendario electoral, no debe comprometerse a mantener un presupuesto correspondiente a una situación económica coyuntural. En segundo lugar, es una ley que nace desligitimada porque no contempla el cumplimiento de los compromisos de estabilización adquiridos tanto con los «investigadores Ramón y Cajal» como con los grupos de investigación que les acogieron. Esto no sólo genera una total falta de confianza porparte de la comunidad de investigadores, sino que representará una admisión explícita del fracaso de un programa que durante la última década se ha ensalzado como la punta de lanza del impulso de la investigación en España. El problema de raíz es que la investigación básica en España no es un asunto prioritario. La investigación básica se realiza en Universidades y centros de investigación. Sin embargo, en España estos organismos están regulados por dos ministerios diferentes, el de Educación, Política Social y Deporte y el de Ciencia e Innovación. Esto hace que los recursos para investigación básica sean vulnerables de ser fagocitados por otras activida- des que nada tienen que ver con investigación. Si no se corrige esta tendencia no va a quedar más remedio que rebautizar al Ministerio de Ciencia en Innovación como McINN.

     
     

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    Semana de la Ciencia: ¿reir o llorar?

    Amaya Moro-Martín - Cartas el Director - La Vanguardia; 20 minutos

    Con incredulidad leo en el periódico que esta es la Semana de la Ciencia y de golpe me llega el eco de conversaciones que apenas hace una semana tuve con mis compañeros de oposición; una oposición a una plaza de científico titular y unas conversaciones que giraban en torno a nuestras alternativas laborales; la más popular: abrir un bar. Decorado con imágenes de planetas y galaxias lejanas, nos imaginamos hablando con clientes curiosos acodados al otro lado de la barra sobre agujeros negros, planetas extrasolares, la posibilidad de la existencia de vida y de bares fuera de la Tierra y la detección de moléculas de alcohol en el medio interestelar. Material para un monólogo cómico, de los que uno no sabe si reír o llorar.

    Los científicos quiere un empleo lo suficientemente estable como para poder desarrollar una labor de investigación Y pienso en los representantes de consultoras y hedge funds que todos los años visitaban mi anterior centro de trabajo ofreciendo triplicar o cuadriplicar nuestros salarios; y pienso en el rechazo visceral de mis compañeros a reconducir sus conocimientos para enriquecer a unos pocos. ¿Reír o llorar? Lloren, señores, lloren; lloren porque corren el riesgo de perder una generación de científicos con dos décadas de formación universitaria y post-universitaria que no quieren hacerse ricos sino tener un empleo modesto lo suficientemente estable como para poder desarrollar una labor de investigación.

    Lloren porque la plataforma petrolera Deepwater Horizon se hundió en el Día de la Tierra y lo mismo puede ocurrirle a la investigación científica en España. Lloren porque la nueva Ley de la Ciencia que se está discutiendo en el Parlamento contempla la concatenación de contratos precarios e inestables que va a hacer imposible el desarrollo de la investigación en este país. Lloren porque los costes asociados a nuestra formación los han asumido íntegramente los gobiernos, el español en muchos casos, y nuestros dirigentes no se dan cuenta de que ahora están en condiciones de recoger los frutos, que la investigación no es un jardín que se planta cuando a uno le interesa que sea vea bonito. Señor presidente, señora ministra, señores diputados: la investigación no es un jardín, es un huerto.

     
     

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    Ni fuga, ni jovenes, ni cerebros

    Amaya Moro-Martín - Cartas el Director - La Vanguardia.

    Tras más de una década trabajando en universidades de EEUU regresé a España hace dos años. Mi decisión se apoyaba íntegramente en esta párrafo del BOE referente a mi contrato de cinco años con el CSIC: "La formalización por parte de los Centros de I+D de estos acuerdos de incorporación implica que garantizan el compromiso de crear, antes de la finalización del contrato, puestos de trabajo permanentes con un perfil adecuado a las plazas cubiertas".

    La frase es tajante, no se trata de un compromiso tácito sino de un compromiso vinculante. Sin embargo, ahora nos dicen que muy probablemente en los próximos tres años no salgan plazas y que nuestra única esperanza es que se apruebe una Ley de la Ciencia defectuosa donde se contempla la creación de un tipo de contratos que a día de hoy son ilegales. Y me encuentro en una encrucijada: regresar a EEUU donde sigo teniendo las puertas abiertas, o quedarme en España y continuar por una vía que el mapa oficial de carreteras me asegura que llega a un destino atractivo, pero que ahora encuentro plagada de carteles que avisan "sin salida".

    Los titulares que hacen eco de esta encrucijada en la que estamos muchos investigadores utilizan un lenguaje común que gravita en torno a la siguiente frase: "Fuga de jóvenes cerebros: el futuro del sistema de investigación en España". Dejemos de hablar de "fuga", nos están echando. Dejemos de hablar de "jóvenes", ya no lo somos; la connotación es que como jóvenes podemos aguantar todo lo que venga y seguiremos luchando por nuestro ideal, pero no es así; muchos investigadores de esta generación están considerando seriamente dejar la ciencia. Dejemos de hablar de "cerebros", nos están impersonalizando; tenemos estómagos a los que alimentar, y tenemos corazones a los que escuchamos cuando decidimos regresar a nuestro país para estar más cerca de nuestras familias, a la vez que seguíamos haciendo investigación; corazones que nos rompen cuando nos dicen que se van a incumplir con total impunidad los contratos que firmamos.

    Dejemos de hablar de "futuro"; la connotación es que al ser el futuro hay tiempo, que la solución se puede posponer indefinidamente; no somos el futuro, somos el presente. Y por último, no puede hablarse de sistema de investigación en España, sino de una colección de parches que se están deshilvanando. No se puede consolidar un sistema de investigación a base de bandazos. La investigación no precisa de medidas drásticas puntuales sino de una apoyo sostenido y coherente. Es el equivalente a plantar un jardín y no regarlo.